31 de julio de 1826: el último auto de fe de la Inquisición en España

Cada 31 de julio ofrece una oportunidad para mirar al pasado y comprender mejor cómo se ha construido la España contemporánea. Entre las efemérides vinculadas a esta fecha destaca un episodio especialmente simbólico: el 31 de julio de 1826, en Valencia, fue ejecutado Cayetano Ripoll, maestro de escuela acusado de herejía. Aquel suceso ha pasado a la memoria histórica como el último auto de fe asociado a la Inquisición española y como una señal dramática del choque entre el viejo orden religioso-político y las nuevas ideas de libertad de conciencia que avanzaban por Europa.

Para entender la importancia de aquel 31 de julio hay que situarse en la España de comienzos del siglo XIX. El país había atravesado la Guerra de la Independencia, la Constitución de Cádiz de 1812, la restauración absolutista de Fernando VII y una fuerte tensión entre liberales y defensores del absolutismo. La Inquisición, fundada en 1478 y convertida durante siglos en un instrumento de vigilancia religiosa y control social, había sido abolida y restaurada en distintos momentos, según los vaivenes políticos. Aunque en 1826 el Tribunal de la Inquisición ya no funcionaba formalmente como en sus etapas anteriores, persistían estructuras, mentalidades y tribunales eclesiásticos capaces de perseguir ideas consideradas peligrosas.

Cayetano Ripoll era un maestro valenciano que había combatido en la Guerra de la Independencia y que, tras ser hecho prisionero por los franceses, entró en contacto con corrientes racionalistas y deístas. De regreso a España, ejerció como docente y empezó a ser observado con sospecha por sus prácticas religiosas poco convencionales. Se le acusó de no asistir a misa, de sustituir ciertas oraciones tradicionales por fórmulas propias y de enseñar a sus alumnos ideas alejadas de la ortodoxia católica. En una sociedad donde la religión seguía siendo un pilar del orden público, esas conductas fueron interpretadas como una amenaza.

El proceso contra Ripoll culminó con una condena por herejía. El 31 de julio de 1826 fue ejecutado en la Plaza del Mercado de Valencia. Las fuentes de efemérides históricas recuerdan este hecho como el último auto de fe realizado en España y señalan que la condena incluyó una escenificación simbólica de la quema, ya que el cuerpo no fue quemado realmente, sino introducido en un recipiente con llamas pintadas antes de ser arrojado al río. La imagen resulta estremecedora: en pleno siglo XIX, cuando Europa debatía sobre ciudadanía, derechos y modernidad, España aún arrastraba formas de castigo heredadas de una cultura judicial y religiosa anterior.

La ejecución tuvo un impacto que fue más allá de la vida de un maestro. Ripoll se convirtió en símbolo de la intolerancia religiosa y de la resistencia de ciertos sectores a aceptar la libertad de pensamiento. Su caso muestra cómo las disputas ideológicas del siglo XIX no fueron solo debates parlamentarios o enfrentamientos militares, sino también conflictos cotidianos que afectaban a escuelas, pueblos, iglesias y familias. La educación, precisamente por su capacidad para formar conciencias, era uno de los espacios más vigilados. Que el condenado fuese maestro refuerza el significado del episodio: lo que se juzgaba no era únicamente una creencia personal, sino la posibilidad de transmitir otras formas de pensar.

Ocho años después, en 1834, la Inquisición sería abolida definitivamente en España. Por eso, el 31 de julio de 1826 se contempla hoy como una fecha fronteriza. No marca el nacimiento de la libertad religiosa, que tardaría aún mucho tiempo en consolidarse, pero sí representa el agotamiento de un modelo de control basado en la persecución de la conciencia. La muerte de Ripoll revela la lentitud con la que cambian las instituciones y la fuerza con la que pueden sobrevivir las mentalidades incluso cuando el mundo exterior ya se ha transformado.

Recordar esta efeméride no significa mirar el pasado con simple superioridad moral. Significa comprender que los derechos que hoy parecen evidentes —pensar, creer, enseñar y expresarse con libertad— fueron conquistados lentamente y, en ocasiones, a costa de vidas concretas. La historia de Cayetano Ripoll obliga a preguntarse qué papel deben desempeñar la educación, la justicia y el Estado cuando una sociedad se enfrenta a ideas distintas de las dominantes. También recuerda que la intolerancia no desaparece por decreto: necesita ser combatida con memoria, cultura democrática y respeto a la dignidad humana.

Así, el 31 de julio no es solo una fecha en un calendario de efemérides. En la historia de España, remite a Valencia, a un maestro juzgado por sus ideas y al final simbólico de una larga tradición represiva. Casi dos siglos después, aquel episodio conserva valor periodístico e histórico porque permite conectar un hecho local con un proceso más amplio: el difícil tránsito de España desde el absolutismo y la uniformidad religiosa hacia una sociedad moderna, plural y basada en derechos. La memoria de Ripoll permanece como advertencia y como lección: ninguna comunidad avanza plenamente si castiga la conciencia de quienes piensan de manera diferente.