San Pedro Alcántara
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El Ayuntamiento de Torremolinos ha alcanzado en el segundo trimestre de 2026 un periodo medio de pago a proveedores de 13,49 días, el mejor registro histórico del municipio, según se ha dado cuenta este miércoles en el pleno ordinario de julio.
La cifra supone una reducción del 94,6% respecto a los 250 días contabilizados en 2021 y un descenso del 52,6% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El dato consolida la mejora en los plazos de pago municipales y sitúa al Ayuntamiento por debajo del límite legal establecido para las administraciones públicas.
Remanente positivo y descenso de la deuda
Durante la sesión plenaria también se aprobó la liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2025. El informe de Intervención Municipal refleja un remanente de tesorería positivo de 4.390.219,53 euros.
El porcentaje de deuda sobre los ingresos liquidados se sitúa en el 48,43%, frente al 57,70% registrado en la liquidación de 2024 y lejos del 76,67% de hace cinco años. El Ayuntamiento destaca así una evolución favorable de sus indicadores económicos.
Debate local sobre la reforma del Reglamento de Costas
La Corporación Municipal aprobó además, con los votos a favor de PP y Vox y el rechazo de PSOE e IU-Podemos, una moción declarativa presentada por el Partido Popular en defensa de los establecimientos y empresarios de playa, la seguridad jurídica del litoral y el apoyo a los municipios costeros.
La iniciativa responde a la modificación del Reglamento General de Costas impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que el Gobierno central vincula al procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea sobre el régimen de concesiones en el dominio público marítimo-terrestre.
El portavoz del PP, Luis Rodríguez, criticó que la documentación facilitada haya sido "insuficiente" para conocer con claridad el alcance real de los cambios, sus consecuencias jurídicas y su impacto económico, social y competencial sobre los territorios afectados.
Según Rodríguez, la reforma ha generado preocupación entre comunidades autónomas, ayuntamientos, empresarios de playa y vecinos, al poder afectar a concesiones vigentes, inversiones realizadas conforme a la normativa actual, expedientes en tramitación y actividades económicas consolidadas.
Petición de paralización y ayudas para el litoral
La moción insta al Gobierno de España a rechazar cualquier modificación de la normativa estatal de costas que se tramite sin diálogo real, sin consenso institucional y sin participación efectiva de las comunidades autónomas, ayuntamientos costeros y sectores empresariales afectados.
El texto reclama también la paralización inmediata del proyecto de real decreto que modifica el Reglamento General de Costas hasta que se abra un proceso de cooperación con las comunidades autónomas con litoral, los municipios y los representantes de los empresarios de playas, incluidos chiringuitos, hamacas, náutica, servicios de temporada y otras actividades afectadas.
La declaración pide defender la seguridad jurídica, el respeto competencial y una posición territorial cohesionada ante la Comisión Europea, con especial atención a la singularidad del litoral mediterráneo y andaluz y a la compatibilidad entre protección ambiental, actividad económica sostenible y seguridad jurídica.
Por último, la moción solicita una línea específica de ayudas económicas para municipios costeros destinada a la retirada y tratamiento de algas y arribazones, así como una estrategia integral de apoyo al litoral que incluya financiación para regeneración de playas, conservación del dominio público marítimo-terrestre, servicios de temporada, movilidad, accesibilidad y seguridad en las zonas de playa.
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