El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha advertido de la existencia de casos de abuso y explotación sexual en el sistema de protección de menores y ha reclamado a las administraciones competentes medidas para reforzar la seguridad de niños, niñas y adolescentes bajo guarda o tutela pública. La institución ha registrado en las Cortes Generales el informe "El sistema de protección de menores ante los casos de violencia sexual", que incluye once recomendaciones dirigidas tanto a la Administración estatal como a las comunidades autónomas.
Gabilondo sostiene que la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia constituye "un gravísimo ataque a los derechos humanos" que debe ser abordado "con rigor y firmeza" por la sociedad y por los poderes públicos.
La investigación se inició de oficio en 2022, después de que la institución tuviera conocimiento, a través de distintas fuentes, de varios casos de abusos a menores en centros de protección. Desde entonces, el Defensor del Pueblo ha recabado información de las administraciones públicas competentes para conocer tanto los hechos denunciados como los medios disponibles para prevenirlos y atenderlos.
La actuación se ha ampliado en los últimos años con visitas a centros de menores tutelados por la Administración en varias comunidades autónomas, entre ellos recursos ubicados en Madrid, País Vasco, Murcia, Cataluña, Comunitat Valenciana y Asturias. El objetivo era conocer sobre el terreno el contexto de los abusos, los mecanismos de detección, la intervención de los profesionales y la atención prestada a las víctimas.
Falta de datos y protocolos
El informe concluye que la mayoría de las administraciones no disponían de información completa, de calidad ni estadísticamente tratada sobre los casos de abuso o explotación sexual producidos mientras los menores se encontraban bajo el amparo del sistema de protección.
Por ello, el Defensor del Pueblo recomienda al Ministerio de Juventud e Infancia y a los órganos autonómicos competentes que elaboren un estudio sobre el riesgo de explotación y abuso sexual de los menores atendidos por el sistema, tanto en centros residenciales como en familias de acogida. También pide impulsar el Registro Unificado de Servicios Sociales de Violencia Infantil y el Registro Central de Información sobre Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, previstos en la ley.
La institución plantea además que cada comunidad autónoma apruebe una norma que regule las condiciones de autorización y funcionamiento de los centros residenciales de protección de menores, con requisitos mínimos sobre organización, personal, recursos materiales, protocolos de actuación y régimen sancionador.
El informe recuerda que la normativa vigente exige protocolos de prevención, detección precoz e intervención frente a situaciones de violencia sexual. Por ello, el Defensor reclama que las entidades públicas de protección de menores que aún no cuenten con estos instrumentos los aprueben cuanto antes.
Entre las recomendaciones figura también ampliar la formación de los profesionales en detección, abordaje y acompañamiento de situaciones de violencia sexual, incorporar la figura del técnico referente en violencia y explotación sexual y desarrollar programas educativos sobre vida afectivo-sexual saludable y seguridad en redes sociales para los menores protegidos.
El Defensor del Pueblo considera prioritario que las entidades públicas revisen sus recursos residenciales para adecuar la oferta a las necesidades de cada menor y diferenciar con claridad entre centros de acogida residencial, centros específicos para problemas de conducta y centros terapéuticos o de atención a la discapacidad.
La institución ha dirigido además una recomendación a la Secretaría de Estado de Justicia para promover la creación de más instancias judiciales especializadas en violencia contra la infancia y la adolescencia, reforzar la atención multidisciplinar a las víctimas menores de edad y evitar su revictimización durante los procedimientos.





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