Desarticulada una organización criminal responsable de defraudar cerca de 3,5 millones de euros a la Hacienda de la Unión Europea en derechos antidumping

Guardia Civil y Agencia Tributaria, con el apoyo de Europol, han llevado a cabo una investigación en el marco de un procedimiento de Fiscalía Europea, cuya principal finalidad ha sido la desarticulación de una organización criminal que vendría eludiendo el pago de derechos antidumping desde finales de 2020.

La operación policial, denominada "Bauxita", se inició por un encargo directo de la Fiscalía Europea a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Los hechos fueron inicialmente detectados y reportados por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), a lo que se sumó una investigación previa de la Oficina Nacional de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y una denuncia de una empresa del sector ante la propia Agencia Tributaria, lo que propició que la AEAT realizara una primera cuantificación del fraude en unos 3,3 millones de euros, durante los ejercicios fiscales del 2021 al 2024.

Los derechos antidumping son aranceles adicionales que se establecen por la UE con la finalidad de proteger la industria de la Unión Europea de prácticas desleales y abusivas, aplicables a mercancías procedentes de determinados países. En esta ocasión, la mercancía procedía concretamente de China, país para el que se establecieron además de los aranceles aplicables con carácter general, una serie de derechos antidumping a la importación de dicha mercancía, en este caso concreto, de hojas de aluminio.

De manera paralela, ante el establecimiento de estos gravámenes en las importaciones, los investigados habrían establecido prácticas u operativas delictivas encaminadas a sortear el pago de los mismos. En este sentido, el modus operandi utilizado por la organización para perfeccionar el fraude consistía en declarar como país de origen de la mercancía, otro distinto a China que no estuviera sujeto a este tipo de aranceles, en este caso, Emiratos Árabes Unidos.

Esta organización utilizaba un entramado societario controlado íntegramente por las personas investigadas, y que estaba compuesto, fundamentalmente, por mercantiles españolas y dubaitíes, con las que importaban a España hojas de aluminio, sujetas a los mencionados aranceles, declarando Emiratos Árabes Unidos como país de origen, pero siendo China el país de origen real donde se fabricaban y desde donde se exportaban las bobinas de papel de aluminio. Con la finalidad de ocultar su origen real en China, las mercancías eran transportadas inicialmente a Emiratos Árabes Unidos, donde se modificaba la documentación con carácter previo a su envío a España.

Las sociedades dubaitíes, aun no teniendo capacidad real de producción, eran capaces incluso de conseguir de la Cámara de Comercio de Emiratos las certificaciones y autorizaciones necesarias para simular que el origen de la mercancía era Dubái, eliminando así cualquier rastro que indicase su procedencia china. En alguna ocasión, se añadía otro eslabón en la cadena de transporte, motivo por el que se ha detectado la implicación de una sociedad portuguesa.

Por su parte, las empresas españolas implicadas en el fraude están situadas en su mayoría en la provincia de Valencia, donde reside el núcleo principal de la organización. Los investigados modificaron a lo largo de los años la estructura societaria instrumental para conseguir un mayor grado de opacidad de las presuntas importaciones irregulares.

El volumen de importaciones afectado es tan elevado que, en relación con todo el papel de aluminio que tiene entrada en la Unión Europea procedente de Emiratos Árabes Unidos, suponen en torno al 84% del total.

El 12 de diciembre de 2024, con autorización del Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional (Juzgado de Garantías en este Procedimiento de Fiscalía Europea), se realizaron diferentes diligencias en la provincia de Valencia desarrolladas por miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, acompañados de personal de la AEAT y de EUROPOL, que desplazó una oficina móvil y un experto nacional a España.

Durante las entradas y registros se intervino un gran volumen de documentación, numerosos dispositivos informáticos, un total de 1.950.000 euros en efectivo, dos vehículos de alta gama y tres obras de arte de alto valor, cuyo precio preliminarmente estimado ascendería a unos 500.000 euros. Al mismo tiempo se han bloqueado una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles propiedad de las personas físicas y jurídicas investigadas. Los detenidos fueron presentados ante los Fiscales Delegados Europeos.