Tres personas detenidas por liderar en el norte de España una red de explotación laboral con casi medio centenar de trabajadores extranjeros

La Guardia Civil ha detenido a tres personas que conformaban una red de explotación laboral dedicada a suministrar mano de obra barata en construcciones del norte del país. Hay al menos 41 víctimas identificadas, obreros extranjeros en situación de vulnerabilidad, que trabajaban en Cantabria, Asturias y País Vasco.

La Policía Judicial de la Guardia Civil detectó el verano pasado indicios de esta posible red y la explotación laboral de numerosos trabajadores, apuntando a posibles delitos relacionados con el favorecimiento de la inmigración irregular, la trata de seres humanos, contra los derechos de los trabajadores y los derechos de los ciudadanos extranjeros, entre otros.

Los agentes realizaron vigilancias y numerosas comprobaciones en Cantabria, País Vasco y Asturias. Consiguieron identificar una empresa cuyo principal responsable desarrollaba su actividad en Bizkaia y cuya sede económica se encontraba en Vitoria-Gasteiz.

Descubrieron que muchos de los trabajadores se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad por circunstancias económicas o sociales que favorecían un estado de dependencia respecto quienes controlaban sus desplazamientos y condiciones de trabajo.

La mayoría de estos trabajadores habían realizado largos desplazamientos hasta nuestro país a través de diferentes rutas migratorias en diversos medios de transporte, incluso con escalas en países como Grecia e Italia antes de llegar a su destino final. Las investigaciones permitieron conocer que algunos de ellos habían contraído deudas de hasta 30.000 euros para financiar el viaje, circunstancia que incrementaba su situación de vulnerabilidad.

Los guardias civiles detectaron que, al inicio de cada jornada laboral, numerosos trabajadores se concentraban en distintos puntos de Vitoria, desde donde eran distribuidos en vehículos hacia diferentes obras de construcción, llegando a recorrer diariamente cientos de kilómetros.

En los casos de Asturias y Cantabria, debido a la distancia respecto a la sede de la empresa investigada, los trabajadores eran alojados en viviendas donde permanecían durante la semana laboral en condiciones que están siendo objeto de investigación.

Ante los indicios detectados, y en virtud del convenio existente entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en febrero de 2026 se incorporó a la investigación la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, organismo especializado en la vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral, de prevención de riesgos laborales y de Seguridad Social.

Durante el desarrollo de la investigación se tuvo conocimiento de varios accidentes laborales sufridos por trabajadores vinculados al entramado investigado. Al menos dos de ellos habrían sido trasladados a centros sanitarios para recibir asistencia médica y posteriormente apartados de su actividad laboral.

Las investigaciones permitieron reunir indicios sólidos sobre la existencia de una red organizada dedicada a favorecer la inmigración irregular y explotar laboralmente a trabajadores extranjeros, además de otros ilícitos penales.

En su fase de explotación final este pasado mes, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Policía Judicial de la Guardia Civil en Álava y Cantabria, con el apoyo de más de 70 efectivos de las USECIC de la Guardia Civil en el País Vasco, Cantabria y Asturias, llevaron a cabo un operativo simultáneo en varias obras del norte de España.

Como resultado de la actuación, han sido inspeccionadas 10 obras ubicadas en estas Comunidades, donde han sido detectadas presuntas irregularidades laborales en siete de ellas. Durante el operativo han sido identificados 41 trabajadores extranjeros vinculados a distintas empresas investigadas. La mayoría utilizaba documentación de terceros para acreditar su identidad ya que se encontraban en situación administrativa irregular.

Durante las actuaciones, muchos de los trabajadores mostraban inicialmente reticencias a colaborar con las autoridades y dificultaban la verificación de su identidad y situación administrativa. Posteriormente, varios de ellos reconocieron haber abonado importantes cantidades de dinero a organizaciones dedicadas a facilitar la inmigración irregular para llegar a España y acceder a un empleo.

En total, han sido detenidas tres personas, responsables empresariales. También se investiga a una cuarta por su participación en los hechos. Se han realizado tres registros e inspecciones en distintos inmuebles y establecimientos de Bizkaia y Álava, donde ha sido intervenida documentación y dispositivos electrónicos que están siendo analizados por los investigadores.

Tras las comprobaciones realizadas, 40 de los 41 trabajadores identificados se encontraban en situación administrativa irregular en España. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Santander, que dirige actualmente la instrucción del procedimiento.

La operación, de nombre "Ambotan-Canapu", continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones a medida que avance el análisis de la documentación y los dispositivos intervenidos.

La Guardia Civil recuerda la importancia de denunciar cualquier situación relacionada con la explotación laboral, la trata de seres humanos o el favorecimiento de la inmigración irregular. La colaboración ciudadana resulta fundamental para detectar este tipo de conductas, proteger a las víctimas y garantizar el respeto a los derechos laborales y humanos.