Greenpeace señala los regadíos ilegales que la Junta de Andalucía y el Gobierno deben erradicar si pretenden diseñar un plan creíble para salvar Doñana

Greenpeace presenta hoy su investigación "Operación Resucitar Doñana" para explicar el insostenible modelo de producción agrícola que opera en las inmediaciones de este espacio natural, único de nuestro país, y el papel clave de la Junta de Andalucía, ahora gobernada por el PP, en su deterioro.

Una metodología de cálculo, diseñada por Bytegeo para Greenpeace, concluye que la superficie que se está regando fuera de la ordenación de regadíos vigente puede alcanzar las 1.789 hectáreas, es decir casi un 20 % adicional a lo permitido. Es más, para poder regar una finca, además de ser considerada regable por el plan de ordenación de regadíos de Doñana de 2014, debe contar con la autorización del organismo de cuenca, algo que no sucede para toda la superficie, por lo que el total de regadío ilegal superaría esa cifra.

Ni Huelva ni Andalucía, región castigada por la sequía -en la actualidad y más aún en el futuro como consecuencia del cambio climático- pueden permitirse despilfarrar el agua. Andalucía tiene sus embalses a menos del 20 % de su capacidad. Destacan, por su situación de escasez de agua, la cuenca del Guadalquivir, que se encuentra al 18,5 % de su capacidad, y la del Guadalete-Barbate, al 16,5 %. Los acuíferos subterráneos de la comarca también se encuentran gravemente castigados, entre otros motivos por los pozos ilegales de la zona. Andalucía, además, es la comunidad autónoma que cuenta con mayor superficie regada de todo el país, lo que la hace muy vulnerable a periodos sin lluvias, pues más del 85 % del agua disponible allí se dedica a estas labores.

Ante la gravedad de esta situación, el Ministerio de Transición Ecológica y la Junta de Andalucía han comenzado las negociaciones para alcanzar, supuestamente en un mes, un plan de desarrollo para la comarca de Doñana. El PP ha paralizado de momento la proposición de ley que pretendía una nueva ordenación con más regadíos en la corona norte de Doñana pero, como muestra la investigación, parece una medida insuficiente si la supervivencia de este ecosistema sigue supeditada a los intereses empresariales. En la actualidad, el modelo agrícola industrializado de la comarca se desarrolla en una ilegalidad cotidiana, en la que se riegan de manera habitual zonas sin autorización. Esta situación es conocida y consentida por la Junta que debe comprometerse a erradicarla con urgencia.

Precisamente hoy, el Secretario de Estado de Medioambiente, Hugo Morán, ha convocado en Huelva a las organizaciones ecologistas para informar sobre el Marco de Actuaciones para el Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Doñana. Reunión a la que acudirá Greenpeace, junto a otras entidades y organizaciones ecologistas, y donde trasladará, entre otras, esa demanda.

Huelva suministra un tercio del fruto rojo de Europa y más de la sexta parte del mercado internacional, situando a España como principal proveedor mundial, con la exportación de 436.819 toneladas en 2022. Con esta cifra, se calcula que una cantidad equivalente a unos 80 camiones cargados de frutos rojos salen de Huelva hacia el mercado internacional cada día. Por esta razón, y por las facilidades institucionales, los fondos de inversión han puesto la mirada en el jugoso negocio de los frutos rojos en el entorno de Doñana.

Para el responsable de Agua en Greenpeace España, Julio Barea: "Es manifiesta la negligencia del actual Gobierno de la Junta de Andalucía al no controlar la aplicación del plan de ordenación de regadíos vigente, en medio de la profunda escasez de agua que está amenazando Doñana. Si quieren ser creíbles en la negociación de un plan de desarrollo para la comarca, deberían erradicar urgentemente los regadíos ilegales que hoy permiten", ha declarado Julio Barea

Durante el desarrollo de la investigación, Greenpeace ha podido documentar, con imágenes in situ, la facilidad para mezclar la producción legal y la ilegal, blanqueando así la ilegalidad antes de su exportación. Lamentablemente, esta maniobra es compartida tanto por grandes productores como por pequeños agricultores y agricultoras, que se ven abocados a repetir los esquemas extractivistas de la industria.

"La agricultura que quiere el PP es la de los grandes empresarios que sacan el máximo provecho de la industrialización y la exportación de la producción, aun a sabiendas de que se sustenta en bajos salarios, condiciones laborales extremas para una comunidad inmigrante que es víctima de abusos a menudo y de un entorno que sufre las consecuencias de la agricultura intensiva, con contaminación por plásticos y agroquímicos y que está exprimiendo hasta la última gota de agua", ha declarado el coordinador de la organización en Andalucía, Luis Berraquero.