Juicio al exedil fugado del caso Malaya, que aceptará una multa para evitar la prisión

El exedil marberllí Carlos Fernández será juzgado este miércoles en la Audiencia Nacional, después de entregarse tras casi 20 años huido, y ha alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía por el que pagará una multa para evitar la entrada en prisión.

Carlos Fernández está acusado de malversación de caudales públicos en el caso Saqueo II, que versa sobre la gestión municipal de Mabella entre 1991 y 1999 y en concreto, sobre el desvío de unos 70 millones de euros del consistorio a través de empresas públicas y privadas con dádivas a los concejales, así como un fraude a la Seguridad Social de 91 millones.

Tras casi 20 años huido, este exconcejal acordó su entrega pactada en el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde llegó el pasado 29 de octubre procedente de Argentina, país en el que ha residido en los últimos años.

Después de ser detenido, compareció ante la sección tercera de lo Penal y quedó en libertad provisional, tras lo que viajó a Marbella para poder visitar a su padre enfermo.

En el auto en el que le dejó en libertad, la Sala recordaba que pidió la extradición de Carlos Fernández a Argentina a raíz de su detención en ese país en septiembre de 2017, que sin embargo fue denegada por la Corte Suprema argentina en diciembre de 2022.

Esta decisión dejó a Carlos Fernández en un limbo jurídico en Argentina, donde no tenía documentación que justificara su estancia, por lo que finalmente decidió pactar su entrega a cambio de no ir a prisión, según han explicado a EFE fuentes jurídicas.

Llevaba fugado desde 2006, cuando escapó al iniciarse la segunda fase de la Operación Malaya, después de asegurar por teléfono que estaba en Galicia haciendo el Camino de Santiago, pero que regresaba de inmediato si era requerido por la justicia, aunque esa fue su última llamada y su teléfono móvil no volvió a estar conectado.

Por el caso Saqueo II, la Audiencia Nacional condenó en 2013 a 6 años de prisión al exalcalde de Marbella Julián Muñoz y al exasesor urbanístico del ayuntamiento Juan Antonio Roca por un delito de malversación de caudales.

Por su parte, este exconcejal, que llevó la cartera de Deportes con Jesús Gil como alcalde, después se pasó al Partido Andalucista (PA) y en 2003 suscribió la moción de censura que desbancó de la alcaldía a Julián Muñoz, evitará la prisión pagando una multa, gracias al pacto que ha alcanzado con la Fiscalía.

Pese a este acuerdo, el Ayuntamiento de Marbella, personado como perjudicado, ya ha anunciado que le reclamará el reintegro correspondiente de los caudales públicos malversados en el 'Caso Saqueo II' y que en la sentencia "condenatoria" que se dicte contra el exedil se recoja "de manera incuestionable" la cuantía que debe pagar por responsabilidad civil.