El TSJRM avala que Cartagena excluya de una vivienda protegida a una solicitante que renunció a otra apenas un mes antes

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha respaldado la decisión del Ayuntamiento de Cartagena de excluir de la adjudicación de una vivienda protegida a una solicitante que, apenas un mes antes, había renunciado a otra vivienda de similares características. El tribunal considera ajustada a derecho la actuación municipal y desestima el recurso presentado por la interesada, que pretendía mantener su posición en el procedimiento de adjudicación pese a su renuncia previa.

La resolución confirma el criterio aplicado por el consistorio cartagenero en materia de vivienda protegida y subraya que este tipo de procedimientos se rigen por principios de igualdad, concurrencia y necesidad social. Según se desprende del caso, la demandante había sido seleccionada inicialmente para acceder a una vivienda, pero decidió no aceptarla. Poco después, solicitó continuar en otro proceso o conservar sus opciones para obtener un nuevo inmueble protegido, lo que fue rechazado por la administración local.

El Ayuntamiento de Cartagena entendió que la renuncia reciente a una vivienda adjudicada impedía que la solicitante pudiera beneficiarse de una nueva asignación inmediata, ya que ello podía afectar al correcto funcionamiento de las listas y perjudicar a otras personas inscritas que también reunían los requisitos y esperaban una oportunidad de acceso. La Sala ha compartido este razonamiento y ha considerado que la exclusión no fue arbitraria, sino consecuencia de una decisión voluntaria adoptada por la propia interesada.

En su análisis, el tribunal recuerda que la vivienda protegida constituye un recurso público limitado, destinado a atender situaciones de necesidad y a facilitar el acceso a un hogar a personas o familias que no pueden acudir en igualdad de condiciones al mercado libre. Por ese motivo, la administración debe garantizar que las adjudicaciones respondan a criterios objetivos y que las renuncias injustificadas o recientes no permitan alterar el orden de prelación ni generar ventajas indebidas frente al resto de solicitantes.

La recurrente sostenía que la decisión municipal vulneraba sus derechos y que debía valorarse de nuevo su situación personal. Sin embargo, la sentencia entiende que la administración actuó dentro del margen que le reconoce la normativa aplicable y que la exclusión se apoyó en un hecho claro: la solicitante había rechazado una vivienda protegida apenas un mes antes. Para la Sala, ese dato resultaba suficiente para justificar que no se le concediera otra opción de forma inmediata, especialmente en un contexto de elevada demanda y disponibilidad limitada de inmuebles.

El fallo incide además en la importancia de preservar la finalidad social de estos programas. Las viviendas protegidas no se conciben como una oferta abierta en la que el solicitante pueda elegir sucesivamente hasta encontrar una opción que se ajuste por completo a sus preferencias, sino como una medida de intervención pública sometida a reglas estrictas. La renuncia a una adjudicación, salvo que concurran causas debidamente acreditadas, puede tener consecuencias en el mantenimiento de la condición de beneficiario o en la posibilidad de acceder a nuevas adjudicaciones en un plazo inmediato.

La decisión del TSJRM supone un aval a los mecanismos municipales de control en la gestión de las listas de vivienda protegida y refuerza la idea de que las administraciones locales pueden adoptar medidas para evitar bloqueos, renuncias sucesivas o usos ineficientes de un parque residencial escaso. En la práctica, el pronunciamiento recuerda a los solicitantes que la aceptación o rechazo de una vivienda adjudicada debe meditarse con cuidado, ya que puede condicionar sus opciones futuras dentro del sistema público.

El caso se produce en un momento en el que el acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales problemas sociales en la Región de Murcia y en el conjunto del país. La presión sobre los precios del alquiler, la dificultad de ahorro para la compra y la escasez de vivienda asequible han aumentado la relevancia de los procedimientos de adjudicación pública. En este escenario, las resoluciones judiciales sobre la gestión de las listas adquieren una especial trascendencia, porque delimitan hasta dónde llega la discrecionalidad administrativa y qué obligaciones asumen quienes participan en estos programas.

Con esta sentencia, la Sala de lo Contencioso del alto tribunal murciano confirma que la actuación del Ayuntamiento de Cartagena fue proporcionada y respetuosa con las normas del procedimiento. La solicitante, al haber renunciado a una vivienda protegida asignada poco tiempo antes, no podía exigir una nueva oportunidad inmediata sin que ello afectara al principio de igualdad respecto a otras personas inscritas. La resolución, por tanto, consolida el criterio de que la renuncia voluntaria a una adjudicación pública puede comportar efectos desfavorables cuando no se acreditan razones suficientes que la justifiquen.