Joaquín Villanova: “La actualización de las ordenanzas fiscales es equilibrada y proporcional”

El Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha aprobado de forma definitiva, en su sesión ordinaria de este viernes, correspondiente al mes de octubre, la actualización de un total de cuatro ordenanzas fiscales: tasa por prestación del servicio de gestión de residuos domésticos municipales (basura), impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (Plusvalías), impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), tras haber desestimado las alegaciones presentadas por el Grupo Socialista. Igualmente, se han aprobado de manera provisional la actualización de las tasas de agua y saneamiento.

La medida se traduce en la modificación de los tipos de gravamen que se utilizan para calcular las cuotas tributarias, con la finalidad de garantizar la "sostenibilidad en la prestación de unos servicios públicos de calidad", tal y como ha defendido el alcalde, Joaquín Villanova. Tanto el regidor como el concejal de Economía y Hacienda, José Manuel de Molina, han hecho hincapié en que se trata de unas actualizaciones "necesarias" para asegurar la estabilidad presupuestaria y afrontar los costes de la gestión diaria del Ayuntamiento, "que no han parado de subir". "Es una actualización equilibrada, proporcional y responsable".

"Llevábamos muchos años con prácticamente todos los impuestos congelados mientras que los costes y los precios no han parado de subir. No hemos tenido más remedio que hacerlo, porque lo contrario sería un riesgo inasumible de quiebra de las arcas municipales", ha aseverado el primer edil, quien, pese a todo, ha recordado que la presión fiscal sigue estando "muy por debajo" en comparación con el resto de grandes municipios de la provincia.

El concejal de Economía y Hacienda también ha recordado que algunas de estas ordenanzas se han modificado para cumplir con directivas de la UE adoptadas por el Gobierno de España, como es el caso de la de basura. Los seis puntos han sido aprobados con el voto del grupo popular, la abstención de VOX y el rechazo de los concejales de PSOE y Con Andalucía.

En el caso del IBI, se ha fijado el tipo en el 0,65%, con lo que se vuelve al índice que existía en 2014. Cabe recordar que el máximo está fijado en el 1,10%. "Todavía estamos muy por debajo de lo permitido y en una zona media de municipios malagueños. Hay otros ayuntamientos que lo tienen mucho más alto", ha remarcado José Manuel de Molina. Los bienes rústicos se mantendrán con un tipo de gravamen del 0,89% y y a los inmubeles dedicados a uso de hostelería, industrial, deportivo, comercial y oficina que superen determinadas valoraciones se les aplicará el 0,71%.

Sobre la tasa de RSU (basura), se trata de aplicar la denominada "gobernanza responsable" y el principio de que "quien contamina paga", de acuerdo con la directiva europea adoptada por el Gobierno central en la Ley 7/2022. De esta forma, se hace necesario repercutir por ley el precio de un servicio que estaba subvencionado en torno al 50% y de una tasa que permanecía congelada desde 2012. "Estamos estudiando los costes con detalle y tendremos el resultado en los próximos meses para lograr la equidad fiscal", ha añadido el concejal delegado de Economía y Hacienda.

En lo que respecta a la Plusvalía (Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana), la cuota sube seis puntos con los objetivos de asegurar la estabilidad presupuestaria, pero también, en la medida de lo posible, de "frenar la inflación y la especulación inmobiliaria", mismas razones por las que el ICIO pasa del 3% al 4%. No obstante, en el caso también de la Plusvalía se aumenta la bonificación a favor de los familiares en transmisiones de bienes via 'mortis causa' (por causa de muerte), que pasa del 90% al 95%.

A propósito del aumento de la tasa de agua, saneamiento, alcantarillado y depuración, cuyas ordenanzas han salido adelante de forma provisional, De Molina ha argumentado que se trata de un servicio "muy deficitario y, a pesar de ello, no se incrementó el recibo hasta 2021, cuando se decidió penalizar los altos consumos para propiciar el ahorro". Por contra, el Ayuntamiento ha invertido en este tiempo alrededor de 7,5 millones de euros, casi a millón por año, para mejoras e inversiones de la red hídrica, sin repercutir jamás en el contribuyente este coste en el precio del agua a modo de canon de inversión, como sí hacen otros ayuntamientos.

Igualmente, mientras no tengamos disponible agua de pantano, lo cual sucederá a la vuelta de tres años, es imprescindible garantizar el abastecimiento con el sistema actual de pozos. Ello significa que Alhaurín de la Torre depende de los periodos de lluvia. Sin embargo, en la última década, las precipitaciones han disminuido progresivamente, por lo que el acuífero no se ha ido rellenando.

Estamos luchando contra el fraude, estamos instalando nuevos contadores, "pero no queda otra que desincentivar el despilfarro, por un lado, y amortiguar la imparable subida de los costes por la inflación", que se espera se dupliquen en solo un año: de 950.000 euros a dos millones de euros.