Guía de San Pedro Alcántara
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ANPE Andalucía, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía y FeSP-UGT Andalucía han acordado un calendario conjunto de movilizaciones tras considerar insuficientes los recursos materiales y humanos para una vuelta a las aulas con las máximas garantías de seguridad en el marco actual de pandemia.
Las acciones reivindicativas que emprenderán conjuntamente CSIF, ANPE y FeSP-UGT Andalucía comparten un mismo planteamiento sobre las medidas de presión: no barajan por el momento ante el inicio de curso, una huelga, "atendiendo a un principio de prudencia" y al considerar también que "no es el sentir de los docentes, que están ahora centrados en las tareas que les competen para comenzar las clases de la mejor manera posible, dadas las complicadas circunstancias".
Los tres sindicatos no descartan, llegado el caso, endurecer las movilizaciones y medidas de presión, si lo considerasen conveniente dependiendo del devenir de los acontecimientos y de la respuesta de la Administración, a la que exigen "una verdadera negociación, no sólo que informe a los sindicatos una vez adoptadas unilateralmente las decisiones".
Las actuaciones comienzan el 18 de septiembre con concentraciones de delegados y responsables sindicales en las delegaciones territoriales de Educación de la Junta de Andalucía, según han informado los tres sindicatos en una nota conjunta tras la rueda de prensa ofrecida este miércoles por el presidente de ANPE Andalucía, Francisco José Padilla Ruiz; la presidenta del Sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García Fernández; y la secretaria del Sector de Enseñanza de FeSP-UGT Andalucía, Sandra Fernández Ortiz.
A partir del 18 de septiembre las organizaciones sindicales tienen previsto organizar una caravana de vehículos vespertina en cada una de las capitales de provincias andaluzas, a la que se invitará a todo el profesorado, para reivindicar las medidas necesarias para dotar de mayores garantías de seguridad a los docentes en el ejercicio de su labor. Los sindicatos han anunciado una campaña en redes sociales para reclamar mayor seguridad para los docentes andaluces.
Los tres sindicatos han considerado "esencial la unidad de acción sindical ante la complejidad de la situación actual".
Los tres sindicatos han apostado por "bajar la ratio a través de más desdobles que posibiliten cumplir la distancia interpersonal establecida por las autoridades sanitarias" tras considerar que "sólo así podrá preservarse la seguridad de los profesionales".
A juicio de los responsables sindicales, los recursos que la Administración educativa ha puesto encima de la mesa "no bastan para dar respuesta al colectivo docente y a la comunidad educativa en general para afrontar en las mejores condiciones la actividad educativa" en el contexto que impone el SARS CoV-2.
Además del incremento de plantilla, los tres sindicatos han reclamado ser partícipes del proceso para destinar los recursos humanos en los centros que lo necesiten en virtud de los estudios que tiene la Consejería al respecto y cuyo contenido reclaman conocer.
Demandan el refuerzo del personal de los servicios complementarios, como aula matinal y comedor, que es esencial dadas las circunstancias.
ANPE, CSIF y UGT hacen extensivo el aumento de personal a la contratación de personal sanitario específico para los centros, que, además de labores de prevención y orientación en hábitos de salud, "podría desempeñar las funciones encomendadas a la figura del coordinador Covid, con un papel activo de asesoramiento en la elaboración de los protocolos a seguir".
Los responsables sindicales han exigido "la máxima coordinación" entre las distintas administraciones para aspectos como la adecuación de espacios, y para cualquier cuestión relacionada con las competencias de cada una de ellas en la gestión de la pandemia.
Atención al profesorado vulnerable
En relación al personal docente vulnerable, los sindicatos piden a la Administración transparencia sobre el número de solicitudes admitidas y denegadas para acogerse a la adaptación o exención de prestar servicio por pertenecer a grupos que tengan esta consideración, al tiempo que piden una solución alternativa a una incapacidad temporal para las personas que se encuentran en esta situación.
Al igual que se arbitran medidas específicas para el alumnado vulnerable, deberían implementarse también -a su juicio- en relación con el profesorado vulnerable, adaptando sus funciones a las que sí puedan desarrollar teniendo en cuenta las circunstancias, según han señalado.
Exigen agilidad y eficiencia de la Administración educativa en dar respuesta y dotar de instrumentos a los docentes para que puedan resolver los problemas cotidianos y las contingencias que se presenten en el marco de esta crisis sanitaria. Piden unánimemente confianza en el profesorado.
Los sindicatos han criticado la incertidumbre que la Administración ha generado, en lugar de establecer medidas y directrices más precisas, escudándose para ello en la autonomía de los centros, y han señalado como ejemplo la flexibilidad en la modalidad de enseñanza a partir de 3º de la ESO.
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