Los equipos provinciales de Atención Personalizada de Andalucía han atendido en 2022 a 774 mujeres víctimas de violencia

La Delegación Territorial de Salud y Consumo ha atendido este año a 774 mujeres víctimas de violencia por parte de los equipos provinciales de Atención Especializada con la Violencia de Género, según ha informado la delegada, María Jesús Botella. 114 de ellas presentaban una historia previa de maltrato, 223 tienen a su cargo hijos menores y otras 111 llevaban sufriendo más de 10 años de maltrato. El 41% de las víctimas tienen entre 15 y 35 años y el 43% entre 35 y 55 años.

324 víctimas lo han sido de violencia física, 393 de malos tratos psicológicos, 97 por violencia sexual, 122 por violencia social, 97 por violencia económica y 152 por violencia ambiental. Salud ha elaborado 278 partes de lesiones al Juzgado de Guardia. En Andalucía se han atendido a 4.462 mujeres por lo que las mujeres atendidas de la provincia representan el 17,3% del total.

Botella ha señalado que existen dos equipos provinciales de Atención Especializada con la Violencia de Género, que se pusieron en marcha en 2021, formados por dos enfermeras, un trabajador social y un psicólogo. Desde su entrada en funcionamiento, "están siendo muy eficaces en la atención a las mujeres víctimas de malos tratos, a sus hijos menores y a las personas dependientes a su cargo", destaca la delegada. La mayoría de las mujeres llegan a estos equipos desde la consulta de atención primaria, de especialidades o urgencias. La labor de estos equipos es atender a las víctimas desde un punto de vista multidisciplinar en colaboración con la red de recursos disponible, tanto de las administraciones, como Salud Mental, el IAM, los servicios sociales comunitarios, ayuntamientos y Diputación, como del tejido asociativo.

La delegada ha resaltado la "coordinación de los profesionales de atención primaria y especializada así como con el resto de instituciones para establecer circuitos de intervención y derivaciones eficaces, acompañando de manera activa a las víctimas con profesionales especializados". El objetivo para Botella es "prevenir, detectar, actuar de manera inmediata y acompañar a las víctimas para lograr su normalización".

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, el 25 de noviembre, la delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella, ha destacado el "compromiso irrenunciable de los centros sanitarios públicos en lucha contra la violencia de género mediante recursos asistenciales".

Como ha señalado la delegada de Salud y Consumo, la violencia de género "supone una vulneración de los derechos humanos, constituye un grave problema de salud pública y los profesionales del ámbito sanitario son una pieza esencial para la detección y abordaje de este tipo de violencia".

La delegada se ha referido a la certificación de "centro comprometido contra la Violencia de Género", un distintivo para crear una red de centros especializados en la atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, otorgado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.

Botella ha explicado que se trata de una "acreditación a la labor de los centros del sistema sanitario público andaluz en la atención a las víctimas y en la lucha contra la violencia de género desde el ámbito sanitario". La delegada explica que se trata de un "reconocimiento a estos centros por la formación y sensibilización de sus profesionales".

Actualmente, la provincia cuenta con esta distinción en el Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir, en el Hospital de Puente Genil, en el Hospital Universitario Reina Sofía, en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba y en el Hospital Cruz Roja de Córdoba, único centro privado de Andalucía con este certificado.

La delegada de Salud y Consumo ha destacado la necesaria colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) para la prevención, concienciación y erradicación de la violencia de género.

En este sentido, ha avanzado que a lo largo de este año se han mantenido diferentes reuniones entre ambas partes cuyo resultado, entre otros, ha sido el establecimiento de un procedimiento unificado de actuación en los casos de violencia de género con sospecha de sumisión química, que tenga en cuenta todas las partes que intervienen, Administración de Justicia, Administración de Salud, Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado y el Instituto de la Mujer.

En agosto de este año, la Consejería de Salud y Consumo publicó y difundió el Protocolo de Actuación ante sospecha de Sumisión Química por Objeto Punzante para todos los hospitales y centros de atención primaria de Andalucía.

Botella ha destacado el compromiso del Gobierno andaluz de realizar esta guía de procedimiento en casos de agresión sexual, mediados por sumisión química, tanto a nivel extrahospitalario como hospitalario. Asimismo ha informado que se han difundido por todas las áreas y distritos sanitarios los mapas de procedimiento elaborados y que se sigue trabajando con miembros de la Comisión de Violencia de Género de los distintos hospitales para impulsar la elaboración de protocolos específicos en cada centro, facilitando el intercambio de información entre profesionales.

La delegada, en su intervención, se ha referido también al Juzgado de Guardia para la comunicación de asistencia sanitaria por lesiones. El Decreto 3/2011 crea y regula el modelo de parte al Juzgado de Guardia para la comunicación de asistencia sanitaria por lesiones. La Orden de 4 de junio de 2019, actualiza el contenido de los anexos de dicho Decreto y regula el documento por el cual se pone en conocimiento del Juzgado de Guardia la existencia de lesiones en una persona, la acción causante de las mismas, pronóstico y, en su caso, otros datos relacionados con los hechos que motivan la asistencia sanitaria.

Como ha señalado Botella, esta herramienta facilita la recogida de información sobre la asistencia sanitaria prestada a aquellas personas que tienen que trasladarse al Juzgado de Guardia como consecuencia de hechos constitutivos de posible causa judicial. De esta manera, se proporciona a los órganos judiciales la información necesaria, precisa y objetiva para facilitar sus actuaciones y, especialmente, la identificación de las situaciones de violencia de género y desprotección de menores.