Andalucía es una de las comunidades donde la tensión sobre la vivienda se mantiene como uno de los principales desafíos sociales. La comunidad lidera la estadística de número de inmuebles vacíos, mientras que tanto los desahucios ejecutados como las ocupaciones ilegales descendieron levemente en 2024 respecto al año anterior.
De esta manera, con 4.283 desahucios ejecutados y 2.207 denuncias por ocupación en 2024, y más de 640.000 viviendas vacías, según el censo de 2021, Andalucía se encuentra ante el reto de equilibrar el derecho a la vivienda con la protección de la propiedad y lograr la movilización de un parque inmobiliario que sigue creciendo.
Según el Censo de Viviendas 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE), consultado por EFE y que se debe actualizar el próximo año, en Andalucía existen 641.437 viviendas vacías, lo que supone el 13,7 por ciento de su parque residencial y el 16,7 por ciento de todas las viviendas vacías de España, donde el total asciende a 3.837.328 inmuebles.
Málaga lidera la estadística provincial andaluza con 152.774 inmuebles sin ocupar, seguida de Sevilla (97.189) y Granada (90.538), mientras que tras ellas se sitúan Cádiz (67.893), Córdoba (65.037), Almería (60.854), Jaén (55.157) y Huelva (51.995).
Reducción de desahucios
Por otro lado, durante 2024, los tribunales andaluces practicaron 4.089 lanzamientos (desahucios), según la Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), una cifra que supone una caída del 4,5 por ciento respecto a 2023, cuando se registraron 4.283 lanzamientos en la comunidad, lo que evidencia una reducción en un año en el que siguieron predominando los desahucios por impago de alquiler.

Bloque de viviendas o vivienda colectiva
En toda España, el Consejo General del Poder Judicial contabilizó 27.564 lanzamientos en 2024, por lo que Andalucía concentró alrededor del 14,6 por ciento del total estatal, mientras que las provincias más afectadas en la región fueron Málaga, con 1.133 lanzamientos, y Cádiz, con 708. Entre ambas provincias acumulan casi la mitad de todos los casos.
Por detrás de ellas se situaron Almería (614) y Granada (535), mientras que Huelva (339), Sevilla (337), Córdoba (252) y Jaén (167) cerraron el año con cifras más moderadas respecto al número de desahucios en toda la región.
Caída de las ocupaciones ilegales
En paralelo, las denuncias por ocupación ilegal de inmuebles en Andalucía sumaron 2.207 en 2024, según los datos del Ministerio del Interior recogidos por EFE, una cifra que representa una caída del 5,3 por ciento respecto a 2023, cuando las fuerzas de seguridad registraron 2.331 denuncias por allanamiento o usurpación en la comunidad.
A nivel nacional, el Ministerio del Interior contabilizó 16.426 denuncias por ocupación ilegal en España durante ese mismo año, por lo que Andalucía concentró alrededor del 13,5 % del total estatal, situándose como la tercera comunidad con más casos, solo por detrás de Cataluña y la Comunidad Valenciana.
La distribución provincial de las ocupaciones ilegales es similar al de los desahucios, de tal forma que Sevilla y Málaga encabezan la lista, con 506 y 451 denuncias respectivamente, seguidas de Cádiz (400) y Almería (245), además de Córdoba (187), Granada (183), Huelva (152) y Jaén (83).
Además, a pesar del descenso registrado, Andalucía supone un peso importante en la media española en número de desahucios y ocupaciones, lo que supone que la región sigue siendo uno de los territorios donde el conflicto por el acceso a la vivienda tiene mayor peso en toda España.
Ante esta situación, desde la Junta de Andalucía se están desarrollando programas de rehabilitación y un plan de vivienda social buscan revertir estas dinámicas con medidas para recuperar inmuebles desocupados y destinarlos a alquiler asequible, mientras que desde el ámbito judicial se apela a la coordinación entre administraciones para prevenir los desahucios y atender situaciones de vulnerabilidad.





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