Andalucía reclama una nueva Ley de Costas que refuerce la seguridad jurídica y atienda la realidad territorial del litoral

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha informado en el Pleno del Parlamento de la posición de varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, que han reclamado al Gobierno de España la puesta en marcha de una nueva Ley de Costas que tenga en cuenta la realidad territorial actual y que aporte mayor seguridad jurídica a ciudadanos, ayuntamientos y actividades económicas vinculadas al litoral.

Durante su intervención, la consejera ha explicado que el actual marco normativo se aprobó hace décadas y que, desde entonces, el contexto territorial y ambiental del litoral español ha experimentado cambios profundos que aconsejan revisar las herramientas de gestión disponibles. Catalina García ha indicado que la evolución de la costa y los efectos asociados al cambio climático obligan a replantear algunos instrumentos normativos. Sobre ello, ha destacado que en numerosos tramos del litoral se están produciendo fenómenos como la regresión de las playas o la erosión costera, circunstancias que exigen políticas públicas capaces de dar respuesta a una realidad cambiante.

La consejera ha subrayado que uno de los aspectos que ha suscitado mayor preocupación en distintos territorios ha sido la política de deslindes aplicada en algunos tramos del litoral, que en determinados casos ha afectado a núcleos tradicionales, viviendas o actividades económicas asentadas desde hace décadas. En esta línea, Catalina García ha defendido la necesidad de avanzar hacia un nuevo marco normativo que tenga en cuenta la diversidad territorial del litoral español y que permita compatibilizar la protección ambiental con la seguridad jurídica de los ciudadanos. "La protección del litoral es irrenunciable, pero también proteger mejor significa gestionar mejor", ha añadido.

La consejera ha sostenido que la normativa actual debe adaptarse a la realidad territorial y competencial existente, teniendo en cuenta el papel que desempeñan las comunidades autónomas en la gestión del territorio y en la protección ambiental. En su intervención ha insistido en que el litoral constituye un espacio de gran valor ecológico, social y económico que requiere instrumentos de gestión eficaces y actualizados.

Asimismo, ha hecho hincapié en que varias comunidades autónomas han solicitado la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Costas con el objetivo de abordar de forma conjunta los retos que afronta el litoral y abrir un proceso de diálogo institucional con el Gobierno de España. En este contexto, Catalina García ha trasladado el rechazo del Gobierno andaluz a la modificación del Reglamento General de Costas y a la modificación del Reglamento de Estrategias Marítimas. "Estas modificaciones se han planteado sin el consenso necesario con las comunidades autónomas y sin atender adecuadamente a la realidad territorial de nuestras costas", ha expresado.

A su juicio, cualquier cambio normativo en una materia tan sensible debe contar con la participación activa de las comunidades autónomas. "Las decisiones sobre el litoral no pueden adoptarse de espaldas a quienes gestionan el territorio y conocen de primera mano la realidad de nuestras costas".

Durante su intervención, la consejera también ha hecho referencia a un caso concreto que, a juicio del Gobierno andaluz, refleja las dificultades que pueden surgir en la aplicación de la normativa vigente. Se trata del deslinde aprobado por el Estado en el entorno de Doñana, que ha incluido dentro del dominio público marítimo-terrestre una amplia superficie de marismas. Catalina García ha asegurado que esta decisión ha generado una profunda preocupación entre propietarios, agricultores y administraciones locales del entorno al afectar a terrenos que durante décadas han tenido determinados usos.

En este contexto, ha anunciado que la Junta de Andalucía ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra este deslinde. La consejera ha defendido que cualquier delimitación del dominio público marítimo-terrestre debe responder a criterios rigurosos y a un conocimiento profundo del funcionamiento real del territorio. "Las decisiones sobre espacios tan valiosos como Doñana deben construirse desde el rigor científico, el diálogo institucional y el respeto a los órganos de participación", ha dicho.

Asimismo, ha reseñado que la posición de la Junta no cuestiona la necesidad de proteger Doñana, uno de los espacios naturales más valiosos de Europa, sino que busca garantizar que las decisiones adoptadas se ajusten a la realidad ecológica y geomorfológica del territorio. Al hilo de esto último, ha reiterado que la conservación del litoral y de los ecosistemas costeros forma parte de las políticas que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente viene impulsando en Andalucía. "Nuestro compromiso con la protección de los ecosistemas costeros es firme y forma parte de las prioridades de nuestra acción de gobierno", ha concluido.