Guía de San Pedro Alcántara
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La Policía Nacional ha llevado a cabo el desalojo de ocho personas que residían de forma ilegal en trasteros situados en el sótano de un edificio de la Avenida de Madrid, en Zaragoza. Los trasteros, de reducidas dimensiones y sin condiciones mínimas de habitabilidad, habían sido reconvertidos en infraviviendas improvisadas, con instalaciones eléctricas fraudulentas y sin ningún tipo de seguridad.
La actuación policial se inició tras la denuncia de un ciudadano el pasado 9 de junio, al comprobar que el trastero del que era titular había sido ocupado por personas ajenas que lo usaban como vivienda. Esta situación derivó en una investigación que permitió confirmar la presencia de varias personas viviendo en los trasteros del inmueble, así como la existencia de condiciones extremadamente peligrosas.
Durante la inspección del edificio, los agentes solicitaron la colaboración de la compañía eléctrica, cuyo informe calificó la instalación como "peligrosa", recomendando el corte inmediato del suministro. Sin embargo, no fue posible ejecutarlo debido a la presencia de vecinos y locales comerciales con contratos legítimos, ya que el sistema de distribución no permitía cortes individualizados.
Por su parte, el Servicio Municipal de Bomberos elaboró un informe en el que alertaba del alto riesgo de incendio, señalando la presencia de materiales combustibles, múltiples empalmes de cables en pasillos y techos y un punto de origen en el cuarto de contadores en estado precario. El informe concluía que los trasteros no podían ser utilizados como vivienda, según el Plan de Ordenación Urbana de Zaragoza y que la situación suponía un grave riesgo para la vida de todos los residentes del edificio.
La ocupación del edificio comenzó hace más de dos años, tras el embargo por parte de una gestora de activos en verano de 2024. Actualmente, tres viviendas están habitadas por legítimos propietarios o arrendatarios, mientras que el resto del inmueble se encuentra ocupado ilegalmente.
En el sótano del edificio, 12 trasteros y un anexo fueron ocupados y adaptados como dormitorios, incluyendo un espacio destinado como baño común que comprometía el sistema de presión de agua de todo el edificio. Además, se detectaron diez enganches ilegales a la red eléctrica, destinados a abastecer a los trasteros ocupados, creando una red de cables altamente peligrosa.
Los trasteros fueron reconvertidos en una especie de comunidad clandestina, utilizada por personas en situación vulnerable, pero también por delincuentes habituales implicados en hurtos y robos con violencia.
A la vista de los riesgos detectados y tras solicitar la intervención judicial, el pasado 26 de junio se llevó a cabo el desalojo de los ocupantes de los trasteros, bajo autorización del Juzgado de Instrucción competente. Simultáneamente, la gestora de activos comenzó a asegurar los accesos al edificio para evitar nuevas ocupaciones, mediante el tapiado de viviendas y trasteros desocupados.
La Policía Nacional continúa trabajando para garantizar la seguridad de los vecinos legítimos y prevenir que esta situación vuelva a reproducirse, coordinando actuaciones con los servicios municipales y demás autoridades competentes.
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