Guía de San Pedro Alcántara
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La Policía Nacional, en su firme compromiso con la lucha contra la trata de seres humanos, desarticuló el pasado 17 de junio de 2026 una organización criminal dedicada a la trata de mujeres de nacionalidad china con fines de explotación sexual. Las víctimas eran captadas en su país de origen mediante engaño y trasladadas posteriormente a España, donde eran distribuidas entre diferentes viviendas destinadas al ejercicio de la prostitución y centros de masaje ubicados en distintas provincias andaluzas.
La operación policial se ha saldado con la detención de ocho personas, en su mayoría de nacionalidad china, entre las que se encuentra la principal responsable de la organización criminal.
El operativo, en el que participaron más de cincuenta agentes, permitió la realización de ocho entradas y registros en las localidades de Los Barrios (Cádiz), Marbella y Estepona (Málaga) y Dos Hermanas (Sevilla).
Durante las actuaciones fueron localizadas once mujeres que se encontraban en situación de explotación sexual. Asimismo, los investigadores intervinieron cerca de 100.000 euros en efectivo procedentes presuntamente de los beneficios obtenidos mediante esta actividad ilícita.
Además, se procedió al bloqueo de 22 cuentas bancarias, una de las cuales contenía aproximadamente 120.000 euros, así como al embargo de bienes muebles e inmuebles valorados en unos 70.000 euros. El patrimonio total intervenido asciende a una cifra cercana a los 900.000 euros.
La investigación ha permitido determinar que las víctimas eran trasladadas directamente desde China hasta España. La organización financiaba los billetes de avión, generando una deuda que posteriormente las mujeres debían saldar mediante el ejercicio de la prostitución.
Una vez en territorio nacional, eran distribuidas entre diferentes viviendas ubicadas en localidades del Campo de Gibraltar, la Costa del Sol y la provincia de Sevilla. Con el objetivo de aumentar la demanda de clientes, las víctimas eran trasladadas periódicamente entre los distintos inmuebles controlados por la organización.
Los propios integrantes de la red criminal se encargaban de publicar anuncios en páginas especializadas, gestionar las citas y controlar los lugares donde las mujeres eran explotadas sexualmente.
Las víctimas vivían en condiciones insalubres, permanecían prácticamente aisladas del exterior y únicamente podían desplazarse acompañadas por miembros de la organización. Además, estaban sometidas a vigilancia permanente mediante un sistema de cámaras de seguridad al que tenía acceso directo la líder de la trama.
La organización también explotaba diversos centros de masaje que aparentaban desarrollar una actividad comercial legal. En estos establecimientos las mujeres eran igualmente explotadas sexualmente, llegando incluso a pernoctar en los propios locales y permaneciendo en condiciones de semi esclavitud.
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