San Pedro Alcántara
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La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en una operación iniciada en 2024 y desarrollada durante más de un año. La investigación ha permitido liberar a 12 mujeres y detener a 12 personas vinculadas al grupo, además de practicar 13 registros domiciliarios.
Los arrestados figuran como presuntos responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento de la inmigración irregular, prostitución coactiva, pertenencia a grupo criminal y otros delitos conexos, según la información policial.
En los registros practicados, los agentes intervinieron abundante material de interés para el esclarecimiento de los hechos y para determinar el grado de participación de cada uno de los investigados en la estructura presuntamente dedicada a la explotación sexual.
Doce mujeres liberadas
Durante el operativo, los agentes localizaron y liberaron a 12 mujeres consideradas presuntas víctimas de explotación sexual. La investigación apunta a que la red captaba a mujeres extranjeras en situación de especial vulnerabilidad mediante falsas expectativas laborales relacionadas con el ejercicio de la prostitución.
Una vez aceptaban las condiciones ofrecidas, las víctimas eran trasladadas y alojadas en distintos inmuebles donde comenzaba un sistema de explotación basado en el control permanente de su actividad, de sus horarios y de sus movimientos.
Vigilancia, amenazas y dependencia económica
La organización se habría aprovechado de la necesidad económica y administrativa de las mujeres, muchas de ellas en situación irregular, para dificultar cualquier intento de abandonar la actividad o denunciar los hechos. Esa vulnerabilidad habría sido utilizada como mecanismo de presión y sometimiento.
Los investigadores detectaron un sistema de vigilancia constante mediante el que se limitaban los movimientos de las víctimas, se establecían sus horarios, se seleccionaban los clientes y se gestionaba la totalidad de la actividad desarrollada en los inmuebles.
Las mujeres permanecían presuntamente sometidas a amenazas e intimidaciones, así como a una situación de dependencia económica generada por el pago continuado de alquileres, comisiones y otros gastos impuestos por los responsables de la organización.
Las pesquisas revelaron además que las víctimas residían en los mismos lugares donde eran explotadas sexualmente, permaneciendo aisladas y bajo supervisión continua. Los agentes detectaron indicios compatibles con situaciones de coerción y diferentes mecanismos destinados a impedir que pudieran abandonar el entorno controlado por la red.
Viviendas vinculadas a una sociedad con sede en Gibraltar
La investigación permitió determinar que los inmuebles utilizados para la actividad investigada eran propiedad de una sociedad mercantil con sede en Gibraltar, desde la que se articulaba la titularidad de las viviendas empleadas presuntamente por la organización.
Los agentes también establecieron la existencia de un reparto de funciones entre los integrantes del grupo, que asumían tareas relacionadas con la captación de mujeres, la gestión de los inmuebles, el control de las víctimas, la organización de los servicios, la seguridad de los pisos y la obtención de los beneficios económicos derivados de la explotación sexual.
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