Las nueve provincias de Castilla y León contarán con red de videovigilancia para combatir incendios forestales antes de finalizar 2026

El titular de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado hoy el Centro Provincial de Mando de Ávila, donde ha presentado el sistema de videovigilancia integrado en el Operativo de lucha contra incendios.

Ávila y Salamanca son las dos últimas provincias en contar con esta tecnología, de la que ya disponían León, Zamora y Soria. El consejero, quien ha explicado las ventajas que aporta esta herramienta a la lucha contra el fuego, ha anunciado la extensión de la videovigilancia a las cuatro provincias restantes–además de la ampliación de cámaras en León–, de manera que toda Castilla y León dispondrá de este sistema en 2026. La inversión prevista supera los 11 millones de euros.

El objeto principal del sistema de videovigilancia es mejorar la identificación de las alertas por incendios forestales recibidas en los Centros Provinciales de Mando (CPM) durante todo el año, visualizando y geolocalizando la alerta de forma inmediata a su recepción, mejorando así la valoración inicial de la emergencia por el personal técnico y adecuando la respuesta de medios de extinción despachados. Se trata de un sistema complementario al de detección de Puestos de Vigilancia.

Esta herramienta facilita la detección de columnas de humos y alertas de incendio; permite geoposicionar los puntos de fuego de las alertas y localizarlos en relación al riesgo para poblaciones el medio forestal; visualizar de forma inmediata en el CPM la columna de humo para realizar la valoración del riesgo al minuto de recibir la alerta, sin esperar a la llegada del primer medio; reducir el tiempo de respuesta de los medios de extinción por la pronta localización y valoración de los focos durante todo el año, y mejorar la valoración del riesgo en el primer momento, adaptando la respuesta a las características de intensidad del fuego y bienes amenazados.

Junto a esto, las cámaras ayudan a realizar la visualización y seguimiento de la evolución en tiempo real del incendio y la zona afectada desde el CPM, cuando están en su área visual; a identificar las falsas alarmas y, con ello, el despliegue innecesario de medios; y a realizar un seguimiento de las quemas controladas que se desarrollen en el área de influencia de las cámaras.

Por último, este sistema evita desplazamientos de los agentes medioambientales durante todo el año, para comprobar alertas, y ejerce la función disuasoria en el monte –al estar en continua vigilancia los 365 días del año– y otras relacionadas con la protección del patrimonio natural de la provincia, como el furtivismo o el tránsito de vehículos por zonas no permitidas.

Las alertas recibidas en Castilla y León proceden, en cifras medias anuales, de particulares en un 52 % de los casos; de vigilantes fijos en un 36 %; de agentes forestales en un 16 % y de otros medios, en el resto. La mayoría de las alertas llegan a través de una llamada telefónica. De ahí la importancia de disponer de un sistema de videovigilancia durante todo el año que ayude a su rápida localización.

La primera instalación de sistemas de videovigilancia en Castilla y León se realizó en el 2006 en la provincia de Soria, ampliándose en siguientes años en esta provincia e implantándose después en las comarcas de Sanabria de Zamora, en 2012, y en El Bierzo en León, en 2019.

Los sistemas que se están instalando tienen las siguientes características:

En el año 2023, contando con financiación de los Fondos REACT-UE, se ha implantado el sistema en las provincias de Ávila y Salamanca; se ha ampliado el existente en Zamora y se ha desarrollado la plataforma centralizada y la integración en SINFO2.

De este modo, el sistema de videovigilancia está operativo en cinco provincias, con un total de 101 cámaras. De ellas, 22 están en Ávila, 19 en León, 21 en Salamanca, 22 en Soria y 17 en Zamora. La previsión en los años 2025-2026 es la ampliación de cámaras en León y la implantación progresiva del sistema en el resto de la Comunidad.

Dadas las características asimétricas de cobertura 4G y 5G en el medio forestal en el que se instalan las cámaras, se ha optado por crear una red privada de telecomunicaciones con sistema IP, formada por una red de radioenlaces, que conecta las cámaras de las torres con los nodos de entrega de datos. El nodo principal de entrega de datos es el de RedCAYLE, un circuito de fibra óptica dedicada (exclusiva) de la Junta de muy alta capacidad (10/100 Gbps), con muy baja latencia, plazos de activación muy reducidos o capacidad de gestión extremo a extremo, que conecta todas las provincias con el Centro de Supercomputación de Castilla y León (SCAYLE) de la Junta. Los servidores de SCAYLE están conectados de forma segura con la Red Corporativa de la Administración de la Comunidad.

El usuario final en los CPM y en el Centro Autonómico de Mando puede visualizar las cámaras a través de la aplicación informática SINFO2, que permite el seguimiento y control a tiempo real del estado de los incendios, sirviendo de apoyo en la necesaria planificación de medios que integran el operativo de lucha contra incendios forestales.

Se accede a las cámaras a través del módulo el visor geográfico, desde el que se activa esta capa y se tiene acceso a cada una de ellas haciendo 'clic' sobre su icono.

El objetivo del sistema de videovigilancia de incendios forestales es la vigilancia del medio forestal, no de las personas, edificios, caminos o accesos, etc. Sin embargo, se aplica la normativa de protección de datos, dado que se pueden llegar a captar imágenes que contengan datos personales.

Entre otras medidas, se han colocado carteles en los propios emplazamientos de localización de las cámaras que informan de la existencia del sistema de videovigilancia y de la aplicación de la normativa de protección de datos.

También se han diseñado otras señales a propósito de los objetivos del sistema, que se colocan en el radio de acción de las cámaras y que cumplen con el objetivo informativo de la protección de datos y con el objetivo disuasorio hacia todos aquellos posibles infractores de la normativa de protección del medio natural.