Desarticulada una red criminal de venta de cachorros de perro en Ávila

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Bibiache", ha investigado a nueve personas como presuntas integrantes de un grupo dedicado a la cría y compraventa irregular de cachorros de perro en la comarca de La Moraña (Ávila).

La investigación, desarrollada por el Equipo de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Ávila, se inició el pasado 10 de diciembre de 2025, tras obtener sospechas fundadas sobre posibles irregularidades en una actividad relacionada con la cría de animales.

Después de las primeras labores de investigación los agentes inspeccionaron las instalaciones a mediados del pasado mes de diciembre, donde detectaron indicios de posibles infracciones penales y administrativas.

A continuación, los agentes realizaron numerosas gestiones operativas, análisis, seguimiento de plataformas digitales donde se publicitaban los animales, entrevistas.

Las pesquisas permitieron determinar la existencia de una presunta estructura dedicada a la venta de cachorros de perro, que adquiría animales para posteriormente distribuirlos por diferentes puntos del territorio nacional, utilizando para ello páginas web y redes sociales como medio de captación de compradores.

Los animales carecían de trazabilidad y documentación legítima, los microchips, en algunas ocasiones, se intercambiaban y los animales no estaban registrados.

Durante las inspecciones realizadas, los agentes confirmaron la actividad de comercialización de cachorros. También se detectaron varios ejemplares de especies protegidas, como jilgueros y lúganos, sin la debida documentación, incumpliendo así la normativa CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), así como una conexión irregular al suministro eléctrico.

Asimismo, en una segunda inspección realizada en otra localidad de la comarca de La Moraña (Ávila), se incautaron numerosas cartillas sanitarias, medicamentos veterinarios y microchips sin implantar.

La investigación permitió constatar que los cachorros eran sometidos a desplazamientos de larga distancia con pocos meses de edad, detectándose posibles irregularidades en la documentación sanitaria y administrativa de los animales.

En el transcurso de las actuaciones se documentaron casos en los que los animales presentaban problemas graves de salud tras su adquisición, requiriendo asistencia veterinaria, así como el fallecimiento de varios ejemplares.

Los investigadores también acreditaron la presunta colaboración necesaria de tres veterinarios investigados, cuya actuación habría permitido el acceso a determinados medicamentos veterinarios y la implantación de microchips.

Como resultado del análisis económico de la operación, la Guardia Civil localizó a 636 personas que podrían haber resultado perjudicadas, distribuidas por todo el territorio nacional, al aparecer como ordenantes por medio de transferencias vía teléfono.

La trama habría obtenido, al menos, 125.265 euros en reservas y pagos relacionados con la adquisición de cachorros. Tras contactar con parte de los afectados, se acreditaron además pagos en efectivo por valor de 21.060 euros.

De esta forma, los ingresos acreditados obtenidos por los cuatro principales beneficiarios ascenderían a 146.325 euros en un periodo aproximado de un año, estimándose que los beneficios podrían superar los 500.000 euros debido a los pagos pendientes de analizar y a los realizados en efectivo.

A los investigados se les atribuyen, según su grado de participación, presuntos delitos contra la protección de la flora y fauna, defraudación de fluido eléctrico, publicidad engañosa, estafa, falsedad documental, intrusismo profesional, maltrato animal por omisión, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal.

Las actuaciones han sido desarrolladas bajo la dirección de la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila, contando con la colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios de Ávila, la Sección Agraria Comarcal de Arévalo, el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Ávila, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ávila, técnicos de I-DE Grupo Iberdrola y el Departamento de Fraude e Investigación de Iberdrola España.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente.