El Instituto de Medicina Legal incrementa su actividad con las nuevas dependencias en Lucena

La actividad del Instituto de Medicina Legal (IMLCF) de Córdoba se incrementó el año pasado respecto a 2023, sobre todo tras incorporarse en septiembre las nuevas dependencias en la sede judicial inaugurada en Lucena para el área comarcal de la zona sur de este servicio dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Además, cuatro profesionales cordobeses se desplazaron a Valencia para colaborar en las labores de identificación de las víctimas de la DANA.

Así, las autopsias realizadas por los médicos forenses cordobeses aumentaron un 6,54% hasta alcanzar las 342, de las que más de la mitad (183) revelaron causas naturales del fallecimiento y 147 muertes violentas (64 accidentales, sobre todo por siniestros de tráfico; 79 suicidios y cuatro homicidios)., realizaron el año pasado 321 autopsias que revelaron un 52% de muertes naturales En doce casos no se pudo determinar la causa del fallecimiento. También se estudiaron restos óseos en dos casos, los forenses intervinieron en la exhumación de un cadáver para llevar a cabo una identificación y en cinco casos en los que se denunció mala praxis médica.

Además, los forenses del IMLCF de Córdoba llevaron a cabo 1.936 actuaciones de guardia (algo menos que el año anterior). En concreto valoraron a 1.125 víctimas en diligencias para juicios rápidos, pero también casos de violencia de género, doméstica o sexual. Igualmente reconocieron a 62 detenidos, actuaron en 359 levantamientos de cadáver y elaboraron 285 informes en casos para determinar internamientos psiquiátricos, de personas mayores en residencias no voluntarios o de menores con trastornos de conducta, entre otras actuaciones.

Son algunos de los principales datos de la memoria anual del IMLCF de Córdoba, que indica también que los médicos forenses recibieron 507 citaciones para declarar como peritos en los Juzgados de lo Penal, sobre todo en el órgano especializado en Violencia sobre la Mujer. En este sentido, los profesionales destacan el ahorro de tiempo y dinero que supone la declaración por videoconferencia, al no tener que desplazarse (366 citaciones fueron de juzgados de la provincia) y agradecen que "la mayoría de los órganos judiciales, tanto de Córdoba como de fuera, acceden" a su petición de declarar por esta vía, De hecho, en 2024 se ha utilizado en 144 casos.

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Raquel López, destaca que la memoria de IML revela un aumento en los informes solicitados a la Unidad de Valoración Integral de Víctimas de Violencia de Género (UVIVG) y a los equipos psicosociales, sobre todo en materia de familia.

En concreto, la UVIVG emitió el año pasado 245 informes, un 14,5% más que en 2023. De ellos, 61 fueron de valoración integral de las víctimas, 51 sobre medidas de guardia y custodio de menores, 21 sobre la imputabilidad del denunciado, 3 sobre su estado mental, otros tres sobre el consumo de sustancias tóxicas y dos por delitos contra la libertad sexual, entre otros asuntos.

En cuanto a los profesionales de la Psicología y el Trabajo Social, realizaron 95 informes de familia (58 los equipos propios del IML y 37 los de la empresa externa que apoya a éstos) y 41 sobre menores con problemas de conducta ingresados en los diversos centros específicos de la provincia.

La delegada de Justicia ha puesto en valor el trabajo que realizan estos equipos psicosociales en la práctica de pruebas preconstituidas en los que se toma declaración a víctimas especialmente vulnerables en salas Gesell especialmente equipadas para grabar su testimonio con total seguridad jurídica y se pueda usar en el resto del procedimiento y el juicio, evitando la doble victimización que supone que mujeres víctimas de violencia de género, menores o personas con discapacidad tengan que recordar varias veces y ante distintas personas hechos especialmente dolorosos. Los psicólogos y trabajadores sociales apoyan y asisten a las víctimas durante la práctica de la prueba preconstituida. El año pasado, intervinieron en 32 actuaciones de este tipo.

Los forenses también solicitaron informes once informes en este campo (tres para el estudio de la personalidad de una persona, uno para valorar el grado de madurez, otro para determinar el cociente intelectual, cuatro para identificar un posible trastorno de estrés postraumático y dos estudios integrales). Por su parte, los juzgados penales solicitaron 18 informes a los equipos psicosociales (10 sobre la credibilidad de un testimonio, seis para determinar el grado de madurez y tres para valorar la presencia de indicadores de malos tratos).

López también ha recordado que el pasado noviembre, un equipo de cuatro forenses y técnicos del IMLCF cordobés se desplazaron a Valencia para colaborar en las labores de identificación de las víctimas de la DANA. "Se ofrecieron voluntarios muchos para ayudar a sus colegas valencianos, un gesto que hay que valorar y agradecer y que demuestra no solo la profesionalidad sino la calidad humana y el compromiso de estos trabajadores", ha subrayado.