Guía de San Pedro Alcántara
DESDE QUE el Ministerio de Servicios Sociales y la judicatura abogasen por erigir centros de encuentro para familias separadas —proponiendo especialistas que mediasen entre ambos cónyuges para evitar enfrentamientos— no parecen haberse dado demasiados progresos. Al plan se acopló Aprome, entidad sin ánimo de lucro, subvencionada con cantidades extraordinarias para distintos puntos del territorio nacional. Su balance brilla con datos como el asesoramiento en leyes sobre la familia, prestación de ayuda a más de diez millares de familias y la intervención en medio millón de casos.
Sin embargo, la realidad diaria dista bastante de esas florituras progagandísticas. Según afectados, los profesionales que están al cargo de los centros (asistentes sociales, psicólogos y educadores) no se implican en su labor y da la sensación de que siguen la consigna de no posicionarse en los conflictos, permaneciendo en general a favor de los custodios para evitar mala imagen, cubriendo el expediente con la orientación derivada de la fría sentencia judicial. Para ese viaje no se necesitaban alforjas tan caras. Son dolorosos los casos de uso abusivo de una de las partes sobre su derecho de custodia, impidiendo que la otra tenga ningún tipo de contacto con el menor salvo lo marcado por la ley. Esta jamás dice que no se pueda hablar o tratar con los hijos como progenitores en otros momentos. Es un tema grave sobre el que Aprome no actúa, incumpliendo sus funciones de protección del menor para garantizar sus derechos y de potenciación de la responsabilidad de los padres separados, quienes confunden, en general, patria potestad y custodia, sin que esta entidad contribuya para nada a aclarárselo. ¿Qué hacen Aprome y los servicios de protección infantil de las comunidades?
Algo está fallando si existen menores que sufren crisis de ansiedad al recibir el servicio, si cada uno de los progenitores no es orientado ni mínimamente en su conciliación para los temas relativos a sus hijos y si los profesionales ejercen de lo que no son: cuidadores o conserjes.
Sin embargo, la realidad diaria dista bastante de esas florituras progagandísticas. Según afectados, los profesionales que están al cargo de los centros (asistentes sociales, psicólogos y educadores) no se implican en su labor y da la sensación de que siguen la consigna de no posicionarse en los conflictos, permaneciendo en general a favor de los custodios para evitar mala imagen, cubriendo el expediente con la orientación derivada de la fría sentencia judicial. Para ese viaje no se necesitaban alforjas tan caras. Son dolorosos los casos de uso abusivo de una de las partes sobre su derecho de custodia, impidiendo que la otra tenga ningún tipo de contacto con el menor salvo lo marcado por la ley. Esta jamás dice que no se pueda hablar o tratar con los hijos como progenitores en otros momentos. Es un tema grave sobre el que Aprome no actúa, incumpliendo sus funciones de protección del menor para garantizar sus derechos y de potenciación de la responsabilidad de los padres separados, quienes confunden, en general, patria potestad y custodia, sin que esta entidad contribuya para nada a aclarárselo. ¿Qué hacen Aprome y los servicios de protección infantil de las comunidades?
Algo está fallando si existen menores que sufren crisis de ansiedad al recibir el servicio, si cada uno de los progenitores no es orientado ni mínimamente en su conciliación para los temas relativos a sus hijos y si los profesionales ejercen de lo que no son: cuidadores o conserjes.
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