Navarra presenta 71 propuestas para conseguir una legislación que incluya la perspectiva rural en materias como envejecimiento activo, vivienda, formación profesional o emprendimiento

Navarra ha presentado 71 propuestas para conseguir una legislación que incluya la perspectiva rural en materias como envejecimiento activo, vivienda, formación profesional o emprendimiento. Las propuestas han sido planteadas por un grupo de 50 hombres y 50 mujeres, expertos en diferentes áreas, que han participado en el proyecto Mecanismo Rural de Garantía.

El consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, que ha participado en la reunión de cierre del proyecto, ha destacado que “resulta fundamental garantizar que las comunidades rurales sean escuchadas y que se tenga en cuenta su bienestar a la hora de formular normativas, políticas y elaborar presupuestos. Los poderes públicos debemos legislar para los pueblos y las ciudades”.

En el encuentro también ha intervenido el secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Boya; el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez; el director del Observatorio de la Realidad Social, Luis Campos; así como Joaquín Alcalde, director de El Hueco, entidad participante junto con la Federación Española de Municipios y Provincias.

El Mecanismo Rural de Garantía es un proyecto pionero a nivel estatal, puesto en marcha en 2021 por el Gobierno de Navarra, con el objetivo de identificar y proponer modificaciones en la legislación actual que impulsen el desarrollo de las zonas rurales. Con este propósito se creó un grupo de 100 personas (G100), 50 mujeres y 50 hombres, expertas en diferentes ámbitos que, a través de grupos de trabajo, recabaron y analizaron un conjunto de casos prácticos de catorce temáticas, agrupadas en 5 grandes bloques: servicios rurales de calidad, infraestructuras rurales, economías rurales, entorno rural, y legislación.

Entre las propuestas, destaca la puesta en marcha de programas y planes de envejecimiento activo en el mundo rural, dado que del análisis realizado se desprende que la legislación no prevé la existencia de espacios de encuentro que favorezcan un envejecimiento activo y, sobre todo, en compañía. Cabe destacar que el enfoque del envejecimiento activo proporciona un marco para el desarrollo de estrategias globales sobre el envejecimiento de la población.

En el plano de las infraestructuras rurales, se propone la necesidad de impulsar actuaciones en materia de vivienda que promuevan la rehabilitación, el alquiler, así como la búsqueda de fórmulas que contribuyan a que las edificaciones en ruina pasen a ser un activo para el territorio y no un lastre, con cambios legales que obliguen a que las propiedades estén en manos de personas vivas y simplificando los trámites para que estos sean más agiles y menos costosos. Debe tenerse en cuenta que la disponibilidad de viviendas asequibles sustenta la vitalidad de las comunidades rurales y permite que las familias jóvenes sigan viviendo en sus áreas locales y que los trabajadores comunitarios (personal médico, de enfermería, docencia, etc.) se puedan establecer cerca de sus lugares de trabajo.

Al objeto de potenciar unas economías fuertes y viables, cabe destacar la necesidad de legislar para construir una formación profesional estratégica acorde al territorio. Dado que la actividad profesional de muchos habitantes de las zonas rurales está condicionada por la existencia de formación específica en esa materia, se trata de diseñar la oferta de formación en base a las estrategias económicas y de producción del territorio.

Se propone, además, diseñar un portfolio de titulaciones formativas que combine modalidades presenciales y virtuales, de modo que pueda aumentar la oferta; intentar alcanzar acuerdos con centros formativos distantes en la geografía para que puedan implantar sedes territoriales virtuales en otros lugares; establecer facilidades para hacer prácticas fuera y dentro de la comarca; así como prácticas universitarias en organizaciones (privadas, públicas, del tercer sector) que supongan la estancia del estudiante de manera que conozca la cotidianidad del medio rural.

Además, con el fin de favorecer el desarrollo de las zonas rurales, la legislación también debe facilitar la creación de ecosistemas de innovación y emprendimiento, y concentrar y redistribuir servicios para dinamizar la actividad productiva. Para ello se propone diseñar núcleos o “hubs” que concentren físicamente una determinada actividad productiva en las cabeceras de comarca, comunicándolos entre sí y con los pueblos que la comarca aglutina; crear un “marketplace” de servicios de asesoramiento y consultoría accesible online y presencial; diseñar espacios de encuentro y actividades entre empresas consolidadas y nuevos emprendedores; y promover la inversión privada urbana en lo rural a través de foros de inversión y potenciando la creación de clubes de inversión y fondos especializados en desarrollo rural.

En materia de infraestructura digital, cambiar el alcance de la legislación para que, en lugar de llegar a una cobertura relacionada con el número de personas, se haga en función de la superficie territorial.

Con el fin de potenciar los entornos rurales y regenerativos, se considera clave que la Estrategia y el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico incorpore transversalmente el enfoque de la crisis ecológica, trabajando para el cumplimiento estricto de la legislación ambiental y, en los casos en que ésta haya quedado obsoleta y no responda a los retos del cambio climático, modificarla, siempre consultando con la población del medio rural.

También la reorientación de los fondos públicos para asegurar la viabilidad socioeconómica de las fincas de mayor valor socioambiental; así como el desarrollo de una legislación estatal para promover y diferenciar productos de agricultura, pesca y ganadería sostenible. Además, se propone una reforma fiscal que aplique los principios de quien contamina paga y quien conserva, recibe; cuestión especialmente determinante en el caso de las producciones agrarias, para internalizar los costes ambientales y sociales de las producciones industriales.

En el ámbito de una legislación que potencie las zonas rurales, se propone desarrollar una normativa que refleje la idiosincrasia y especificidad del ámbito rural, además de simplificar la gestión de los pequeños municipios y realizar un redimensionamiento de medios y recursos.

Se propone asimismo modificar las leyes fiscales con la posibilidad de modular la aplicación de las figuras tributarias respectivas para los agentes económicos que, cumpliendo características de elegibilidad personal (beneficio, capacidad de pago, escala, etc.), estén arraigados, o aspiren a arraigarse en los territorios rurales despoblados y sean decisivas para su cohesión, poblamiento y dinamismo productivo. La excepcionalidad fiscal que se defiende debería ser transitoria y sujeta a que surta los efectos deseados de dinamización del ámbito rural, para lo cual habrá que dotarse de mecanismos de evaluación y seguimiento de la eficacia y eficiencia de estas excepcionalidades.

El Gobierno de Navarra creó a finales de 2019 la Comisión Interdepartamental de Lucha contra la Despoblación con objeto de acometer el reto demográfico desde la transversalidad, incorporando la lucha contra la despoblación como un principio a tener en cuenta en cualquier política o plan de la Administración que se encuadre en alguna de las perspectivas desde las que enfrentarse al problema. Además, en enero de 2020 el Observatorio de la Realidad Social presentó un diagnóstico de situación de todos los municipios de Navarra con indicadores demográficos, sociales, laborales, productivos y tecnológicos, entre otros.

En esta línea, el Departamento de Cohesión Territorial a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, ha puesto en marcha diferentes iniciativas como la elaboración del mapa de despoblación, asociando a cada municipio un nivel de riesgo de despoblación, en caso de que existiese; la puesta en marcha de cuatro ecosistemas de emprendimiento e innovación social en el medio rural, en Sangüesa / Zangoza, Allo, Falces y el Valle del Aragón; el impulso de un Erasmus rural, de la mano de la UPNA, que ha ofrecido la oportunidad a 9 jóvenes de hacer prácticas en entidades públicas o privadas que desarrollan proyectos en poblaciones afectadas por el reto demográfico; o la puesta en marcha de la campaña “Emprende tu sueño, pueblos con futuro” con objeto de impulsar el emprendimiento en el medio rural.

Asimismo, se ha impulsado la inversión de 4 millones de euros en 2021 para mejorar las carreteras, en lo que se refiere a refuerzo de firmes, exclusivamente en zonas en riesgo de despoblación, lo que supone la primera vez que el Gobierno de Navarra tiene en cuenta este criterio a la hora de priorizar inversiones en las carreteras como servicio público. Destaca además la inversión de 5 millones de euros en 2020 para que los municipios de menos de 10.000 habitantes pudieran realizar inversiones en el marco de la lucha contra la despoblación, entre otras; así como una línea de ayudas, dotada con 1,2 millones de euros, que puso en marcha el Gobierno de Navarra en 2021 para la mejora de espacios en 30 localidades en riesgo de despoblación.