Santiago presenta la iniciativa de IU para un “acto institucional de reparación y reconocimiento” a todos los fusilados del franquismo

El Portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha presentado esta mañana una importante iniciativa parlamentaria con motivo de cumplirse en este mes de septiembre el 50 aniversario de los últimos fusilamientos de la dictadura franquista. El texto que se debatirá en el Congreso insta a que al máximo nivel del Gobierno se promueva un "acto institucional de reparación y reconocimiento general para todas las personas ejecutadas en España por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación e identidad sexual" durante el franquismo, en el que participen "representantes de los grupos parlamentarios, agentes sociales y asociaciones de Memoria Democrática, entre otros colectivos".

La proposición no de ley plantea también que haya un "reconocimiento personal y colectivo", además de un "homenaje" a "todas y cada una de las personas que fueron ejecutadas durante la dictadura por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación e identidad sexual".

Santiago adelantó también en rueda de prensa en el Congreso que según se acerque el 27 de septiembre -fecha exacta de esos cinco últimos fusilamientos del régimen franquista de Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez-Bravo, Ramón García Sanz, Jon Paredes Manot y Ángel Otaegui, ejecutados en las localidades de Hoyo de Manzanares (Madrid), Barcelona y Burgos- "presentaremos también una propuesta de declaración institucional" para su lectura en el Pleno del Congreso.

No obstante, reconoció la dificultad para que salga adelante debido a la previsible suma de vetos de la derecha del PP y la ultraderecha de Vox, ya que "no podrá aprobarse si no cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y, por eso mismo motivo, vamos a dejar registrada la proposición no de ley".

El diputado y dirigente de IU recordó que la pena de muerte ha sido prescrita por los tratados internacionales de Derechos Humanos y que España, desde el fin de la dictadura, juega un papel "muy importante" para combatirla. De hecho, la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte estuvo presidida hasta su fallecimiento el año pasado por Federico Mayor Zaragoza, "lo cual creo que honraba a nuestro país".

Denunció que la dictadura franquista utilizó la pena de muerte "de forma abusiva para confrontar y reprimir a la oposición política y a todos los demócratas que luchaban contra la dictadura, la democracia y la libertad", como "como el caso de Julián Grimau", militante comunista detenido y torturado por el régimen, y ejecutado en 1963.

Expuso que, según distintas fuentes, más de 100.000 personas fueron eliminadas por el franquismo mediante ejecuciones extrajudiciales o a través de consejos de guerra carentes de verdadera legalidad, incluso "hay historiadores que hablan hasta de 300.000".

"Para que se hagan una idea -detalló- solamente en la prisión de Porlier de Madrid entre 1939 y 1944 hubo recluidos 5.000 presos, de los cuales 3.000 fueron fusilados", y de los 2.000 restantes "muchos de ellos fueron sometidos a simulacros de fusilamiento, como es el caso del poeta Marcos Ana, que posteriormente fue el preso que más tiempo permaneció en prisión, más de 25 años".

Enrique Santiago subrayó también que las penas de muerte a partir de 1960 fueron aprobadas en consejos de ministros "donde había dirigentes que, posteriormente, algunos fueron hasta fundadores del Partido Popular", en alusión al fundador de Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne, que luego dio pie al PP.

Por todo ello, resumió que es "importante que en este momento haya un pronunciamiento claro de todas las fuerzas políticas contrario a la pena de muerte", y que haya un "reconocimiento a estas personas que injustificadamente sufrieron estos coletazos del franquismo en 1975, al igual que el resto".

El portavoz parlamentario de IU valoró que esos fusilamientos significaron una "vergüenza pública" para España a nivel mundial. Tras haber trascurrido medio siglo no debe pasar desapercibido para las nuevas generaciones "que desconocen la gravedad del alcance de las violaciones de Derechos Humanos que los regímenes dictatoriales que la derecha política ha traído" a España.

Tal y como se hace constar en el texto de la iniciativa, "la democracia en nuestro país no podrá ser plena hasta que se haga efectivo el reconocimiento, reparación y dignificación de todas las víctimas de la dictadura franquista y para ello es imprescindible el compromiso indisoluble de todas las administraciones públicas".