WWF alerta de que España incumple el plazo para adaptar la nueva ley europea contra los delitos ambientales

WWF denuncia que España ha incumplido el plazo establecido por la Unión Europea para incorporar a la legislación nacional la nueva Directiva Penal Ambiental, cuyo objetivo es reforzar la lucha contra los delitos ecológicos en toda Europa.

Hoy finaliza el periodo de dos años que tenían los Estados miembros para trasponer esta normativa europea, aprobada en mayo de 2024, pero España todavía no ha adaptado su legislación. Todo ello pese a tratarse de una directiva clave para combatir delitos ambientales cada vez más complejos y transnacionales.

La nueva directiva europea actualiza por completo el marco legal de 2008 y obliga a los países a endurecer la persecución penal de conductas. Entre ellas, destacan la contaminación grave, el tráfico ilegal de residuos, la destrucción de hábitats o los delitos ambientales cometidos por empresas. También exige mejorar la coordinación entre administraciones competentes y entre países y reforzar los mecanismos de investigación y sanción.

"Resulta muy grave que España incumpla precisamente la primera obligación que establece esta directiva: aprobarla en plazo", señala Laura Moreno, responsable del programa de especies de WWF.

La organización subraya también que los delitos ambientales se han convertido ya en la tercera actividad criminal más lucrativa del mundo y generan enormes impactos ecológicos, sociales y económicos. En el caso de los delitos contra la vida silvestre, están acelerando la pérdida de biodiversidad y empujando a numerosas especies al borde de la extinción, en un contexto de creciente presión sobre los ecosistemas europeos.

Aunque España cuenta con herramientas pioneras en la lucha contra determinados delitos ambientales —como el trabajo del SEPRONA, los agentes ambientales o la Fiscalía de Medio Ambiente— estos delitos siguen infravalorándose y tratándose con frecuencia como infracciones menores. La falta de juzgados especializados, la dispersión de competencias y la ausencia de una base de datos estatal unificada dificultan la investigación y persecución eficaz de estas redes delictivas.

A pesar de su gravedad, muy pocos delitos llegan a ser juzgados y son muchos los quedan sin resolver. Según investigaciones de WWF, solo se produjeron 327 sentencias judiciales de los 4902 casos de crímenes contra la fauna protegida registrados en España, por lo que el 93 % de los casos no llegaron a ser juzgados.

La organización considera que la nueva Directiva Penal Ambiental representa una oportunidad clave para modernizar el marco jurídico español y reforzar la protección efectiva de la naturaleza. Además de endurecer las sanciones y ampliar la lista de los delitos perseguibles, la norma europea obliga a los Estados miembros a aprobar estrategias nacionales específicas contra la delincuencia ambiental y a dotar de más recursos humanos, técnicos y financieros a las autoridades encargadas de combatirla.

Además, WWF recuerda que el incumplimiento de los plazos de trasposición puede derivar en procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea. Diversos análisis recientes ya han identificado importantes lagunas legales en varios Estados miembros, entre ellos España, especialmente en ámbitos relacionados con los delitos contra la fauna silvestre y la responsabilidad de las empresas implicadas en daños ambientales.

WWF España realizó un estudio comparado de las legislaciones de los Estados Miembros y remitió las conclusiones relativas a España al Ministerio de Justicia, solicitando colaborar en la incorporación de la Directiva al derecho interno, en ejercicio del derecho de participación que el Convenio de Aarhus reconoce a las ONG cualificadas, pero todavía no ha recibido respuesta.

Entre los principales cambios pendientes de incorporar a la legislación española destacan:

Asimismo, insiste en que la falta de medios y especialización judicial sigue siendo uno de los principales obstáculos para perseguir eficazmente los delitos ambientales en España.

"La protección del medio ambiente no puede quedarse en declaraciones políticas. Sin leyes actualizadas, recursos suficientes y tribunales especializados, muchos delitos ambientales seguirán quedando impunes", concluye Laura Moreno.