29 de junio de 1707: el día en que Felipe V cambió el mapa político de España

Cada 29 de junio permite mirar hacia una fecha decisiva de la historia de España: el 29 de junio de 1707, cuando Felipe V promulgó los primeros Decretos de Nueva Planta contra los reinos de Aragón y Valencia. Aquella decisión, tomada en plena Guerra de Sucesión Española, no fue un simple ajuste administrativo. Supuso la abolición de fueros, instituciones y formas de gobierno propias que habían definido durante siglos la organización política de la antigua Corona de Aragón.

Para comprender la importancia de aquel 29 de junio hay que situarse en el comienzo del siglo XVIII. La muerte sin descendencia de Carlos II, último rey de la Casa de Austria en España, abrió una crisis sucesoria de alcance europeo. Dos candidatos reclamaban la Corona: Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, y el archiduque Carlos de Austria. La disputa desembocó en la Guerra de Sucesión Española, un conflicto internacional, pero también una guerra civil dentro de los territorios hispánicos. Mientras buena parte de Castilla apoyó al candidato borbónico, varios territorios de la Corona de Aragón se inclinaron por el archiduque Carlos, al que veían como garante de sus leyes e instituciones tradicionales.

El giro decisivo llegó el 25 de abril de 1707 con la batalla de Almansa, en la que las tropas borbónicas derrotaron a las fuerzas partidarias del archiduque. La victoria abrió el camino para la ocupación de Valencia y Aragón. Dos meses después, Felipe V firmó el decreto que castigaba a estos territorios por lo que la monarquía consideraba una rebelión. El texto invocaba el "derecho de conquista" y defendía la conveniencia de reducir los reinos a la uniformidad de las leyes, usos, costumbres y tribunales de Castilla.

La medida tuvo consecuencias profundas. Los Fueros de Aragón y Valencia, que regulaban la vida jurídica y política de ambos reinos, quedaron abolidos. También desaparecieron instituciones propias, como las Cortes territoriales y otros órganos de gobierno vinculados al sistema pactista. En su lugar se impuso una administración inspirada en el modelo castellano, más centralizada y dependiente directamente de la autoridad real. La nueva organización reforzaba el poder del monarca y reducía la diversidad institucional que había caracterizado a la Monarquía Hispánica de los Austrias.

Los Decretos de Nueva Planta no se limitaron a Aragón y Valencia. En los años siguientes, la política borbónica se extendió a otros territorios de la Corona de Aragón: Mallorca en 1715 y Cataluña en 1716. El proceso consolidó una nueva concepción del Estado, más uniforme y centralizada. Desde la perspectiva de Felipe V, la reforma respondía a la necesidad de fortalecer la autoridad real tras la guerra y evitar nuevas resistencias internas. Desde la óptica de los territorios afectados, significó la pérdida de un entramado institucional propio y el fin de una tradición política basada en la negociación entre el rey y los reinos.

El caso valenciano fue especialmente simbólico. El Reino de Valencia, creado en el siglo XIII tras la conquista de Jaime I, había desarrollado durante siglos sus propias normas, instituciones y formas de representación. La abolición de sus fueros en 1707 marcó el final de esa personalidad jurídica histórica. En ciudades como Xàtiva, duramente castigada por su resistencia al ejército borbónico, la memoria de la represión quedó asociada durante generaciones al nuevo orden impuesto por Felipe V.

En Aragón, el impacto también fue enorme. El viejo reino había conservado una tradición foral muy arraigada, con instituciones que limitaban el poder real y defendían privilegios jurídicos propios. La Nueva Planta sustituyó aquel equilibrio por una estructura administrativa más homogénea. La figura del rey se impuso como centro de la soberanía, y la diversidad legal pasó a verse como un obstáculo para la eficacia del gobierno borbónico.

La efeméride del 29 de junio de 1707 sigue siendo relevante porque ayuda a entender debates posteriores sobre centralización, autonomía, identidad territorial y organización del Estado en España. No se trata solo de recordar una fecha antigua, sino de reconocer un momento en el que la guerra, la dinastía y la política transformaron de manera irreversible la arquitectura institucional del país.

Más de tres siglos después, aquel decreto continúa siendo objeto de estudio y discusión. Para algunos historiadores, representó el nacimiento de una administración moderna y más cohesionada. Para otros, fue una imposición derivada de la derrota militar y una ruptura traumática con las libertades forales. En cualquier caso, el 29 de junio de 1707 quedó grabado como una de las fechas clave de la historia española: el día en que la victoria borbónica se convirtió en reforma política y en que la diversidad institucional de la antigua monarquía dio paso a un nuevo modelo de Estado.