San Pedro Alcántara
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el trámite de audiencia pública del proyecto de orden que regulará la comercialización del aceite de oliva durante la campaña 2026/27. La iniciativa busca mejorar el funcionamiento del mercado oleícola y garantizar su estabilidad ante la posibilidad de una producción elevada en la próxima cosecha.
El texto normativo se apoya en la normativa europea que permite establecer medidas específicas para el sector del aceite de oliva cuando sea necesario mejorar y estabilizar el funcionamiento del mercado. También toma como referencia el Real Decreto 84/2021, que prevé la posibilidad de retirar producto hasta la campaña siguiente e incluso destinarlo a usos no alimentarios cuando las condiciones lo justifiquen.
El departamento que dirige el Gobierno ha decidido adelantar la tramitación por los plazos que exige la aprobación de este tipo de medidas y ante la perspectiva de una eventual sobreoferta en la campaña 2026/27. La norma tendría que estar lista antes del 31 de octubre de 2026 para poder aplicarse a la próxima cosecha.
En cualquier caso, su aplicación no será automática. El Ministerio subraya que quedará condicionada a que se constate una estimación de sobreoferta y a que existan posibles desajustes de mercado que aconsejen activar el mecanismo.
El proyecto de orden, de ámbito nacional, fija el criterio para activar la retirada de aceite de oliva. Este se pondría en marcha cuando la suma de las existencias iniciales y las estimaciones de producción alcance el 120 % del nivel medio registrado en las seis campañas anteriores.
La medida contempla la retirada de un porcentaje de aceite de cualquier categoría, que será decidido por cada operador sobre el total de su producción. Las instalaciones afectadas serían las almazaras productoras.
Una vez aprobada la orden y conocidas las estimaciones de producción y las existencias iniciales, la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios determinará mediante resolución si se cumple el umbral previsto y, en su caso, qué porcentaje de producción deberá retirarse.
El Ministerio elaborará, en coordinación con las comunidades autónomas, un plan de control para supervisar el cumplimiento de la norma. Los controles oficiales corresponderán a los órganos competentes de cada comunidad autónoma. El periodo de audiencia pública permanecerá abierto hasta el 13 de agosto.
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