San Pedro Alcántara
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La Guardia Civil ha investigado al propietario de una empresa de construcción por su presunta implicación en la gestión irregular de residuos con amianto, un material peligroso por sus efectos sobre la salud y el medio ambiente.
La actuación fue desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Illescas tras una denuncia sobre una nave industrial situada en la zona norte de la comarca toledana de La Sagra. En el inmueble se almacenaban presuntamente de forma irregular más de 50 toneladas de residuos peligrosos con contenido en amianto, conocido popularmente como uralita.
Las primeras pesquisas permitieron determinar que la empresa realizaba trabajos de desmontaje de elementos con amianto en estaciones de tren, naves industriales y asentamientos irregulares de varias provincias, entre ellas Alicante, Barcelona, Ciudad Real, La Coruña, Madrid, Murcia y Toledo.
Según la investigación, la compañía habría manipulado de forma irregular más de 750 toneladas de residuos con amianto. Estos materiales no habrían sido retirados conforme a los procedimientos legalmente establecidos, que obligan a humedecer y encapsular las placas para fijar las fibras y evitar su liberación durante los trabajos de desmontaje.
La omisión de estas medidas habría incrementado el riesgo de emisión de fibras de asbesto al ambiente. Durante la investigación, los agentes constataron además que seis trabajadores accedían de forma habitual al almacén clandestino y permanecían expuestos de manera continuada a fibras cancerígenas sin disponer de las medidas de protección y seguridad exigidas.
Los investigadores detectaron también diversas irregularidades documentales y administrativas. Entre ellas, la remisión a la Administración de mediciones supuestamente fraudulentas sobre la calidad del aire, realizadas en un lugar distinto de aquel en el que se desarrollaban los trabajos, así como la facturación de conceptos inexistentes.
Asimismo, la Guardia Civil comprobó que la documentación sobre el destino final de los residuos habría sido alterada para hacer constar su entrega en vertederos autorizados, cuando en realidad habrían sido abandonados en la nave industrial investigada.
El propietario de la empresa figura como investigado por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra los derechos de los trabajadores, contra el patrimonio y por falsedad documental.
La investigación continúa abierta para esclarecer el alcance de los hechos y determinar posibles responsabilidades adicionales.
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