San Pedro Alcántara
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El Defensor del Pueblo analiza actualmente 450 expedientes de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, de los que 149 se encuentran ya en la fase final de tramitación. En esta etapa se reconoce, en su caso, la condición de víctima y se fija la reparación correspondiente dentro del procedimiento abierto por la institución.
Hasta el 31 de julio, la Unidad de Víctimas había mantenido entrevistas personalizadas con 105 personas afectadas. Además, cuatro solicitudes han sido inadmitidas al considerarse que no se ajustaban al objeto de trabajo establecido en el protocolo firmado el 30 de marzo de 2026 entre la Iglesia, el Gobierno y el Defensor del Pueblo para el reconocimiento y la reparación de las víctimas.
El protocolo regula el funcionamiento del sistema y los plazos de evaluación. Según el texto, una vez estudiado cada caso y escuchadas las partes implicadas, el Defensor del Pueblo debe elaborar en un plazo máximo de tres meses una valoración de reconocimiento o denegación de la solicitud. En situaciones de especial complejidad o ante un volumen extraordinario de peticiones, ese periodo puede ampliarse un mes adicional.
La reparación prevista puede ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional, al acompañamiento y a la petición de disculpas, pero también económica, destinada a compensar el daño causado y los gastos derivados del tratamiento de posibles secuelas físicas y psicológicas.
La Unidad de Víctimas está integrada por profesionales independientes especializados en victimología, psicología, criminología y disciplinas jurídicas. El equipo comenzó su trabajo el 15 de abril y desde entonces recibe las solicitudes remitidas por la Unidad de Tramitación del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Ángel Gabilondo ha defendido desde la firma del protocolo que el proceso busca "recuperar a la persona y reparar daños" y no constituir "un mero trámite burocrático". La institución subraya así el carácter flexible, personalizado y humano del procedimiento, en un asunto especialmente sensible por la gravedad de los hechos investigados y por la necesidad de ofrecer una respuesta institucional a las víctimas.
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