San Pedro Alcántara
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La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional de Ecuador, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a introducir grandes cantidades de cocaína en España a través de contenedores marítimos procedentes de Sudamérica. La investigación, desarrollada en el marco de la operación Mondragón, ha permitido intervenir más de 21 toneladas de cocaína y detener a 43 personas, ocho en España y 36 en Ecuador.
Según la investigación, los principales responsables habrían creado un complejo entramado societario para dar apariencia legal a importaciones procedentes de Sudamérica y camuflar la droga en envíos comerciales. La red utilizaba principalmente los puertos de Málaga, Algeciras y Valencia como puntos de entrada de la mercancía contaminada, aprovechando el alto volumen de tráfico de contenedores para dificultar la detección policial.
La investigación permitió reconstruir durante meses una ruta de importación de cocaína que conectaba Sudamérica con España mediante contenedores marítimos aparentemente legales. A lo largo de 2024, las distintas actuaciones policiales derivaron en la incautación de cargamentos en Brasil, Ecuador y en los puertos españoles de Málaga, Algeciras y Valencia, hasta superar las 21 toneladas intervenidas.
Esas operaciones no solo permitieron retirar del mercado una cantidad extraordinaria de droga, sino también identificar a los presuntos intermediarios, transportistas y responsables de la estructura que coordinaba los envíos. Los investigadores fueron acumulando indicios sobre una organización que operaba principalmente entre España y Dubái, con conexiones directas en Ecuador para preparar la salida de los contenedores contaminados.
Según las pesquisas, la red estaba articulada en tres ramas perfectamente diferenciadas. La principal se encontraba en España y estaba integrada por ciudadanos españoles y marroquíes. Su función era crear y gestionar el entramado empresarial que daba cobertura a las importaciones procedentes de Sudamérica, de modo que los envíos pudieran presentarse como operaciones comerciales ordinarias y la carga legal sirviera para ocultar la mercancía ilícita.
La segunda rama actuaba en origen, principalmente en Ecuador. Desde allí, y especialmente a través de centros logísticos como el puerto de Guayaquil, sus integrantes se habrían encargado de introducir la cocaína en los contenedores antes de su envío a Europa. Esta técnica, conocida en el argot policial como contaminación de contenedores, permitía camuflar la droga dentro de expediciones comerciales legítimas.
La tercera estructura se situaba en Dubái y estaba vinculada a inversores de origen albanés. Según la investigación, estas personas inyectaban grandes cantidades de dinero en las sociedades españolas, lo que permitía sostener su actividad, justificar movimientos económicos y facilitar nuevos envíos periódicos de droga bajo la apariencia de operaciones mercantiles.
La primera fase de la operación se desarrolló en marzo de 2025 en Ecuador, donde las autoridades realizaron 50 registros domiciliarios en distintos puntos del país. El despliegue permitió desarticular la rama asentada en territorio ecuatoriano y detener a 36 personas presuntamente relacionadas con la preparación de los cargamentos antes de su envío a Europa.
En esa fase participaron agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil integrados en el dispositivo de la fuerza policial ecuatoriana. La cooperación internacional resultó clave para actuar sobre la parte de la red encargada de contaminar los contenedores en origen y garantizar que la droga saliera del país camuflada entre mercancías legales.
La investigación continuó en España, donde los agentes centraron sus actuaciones en los responsables del entramado empresarial y financiero. Tras más de dos años de pesquisas, se practicaron registros y detenciones en La Rioja, Alicante, Sevilla y Cádiz, provincias desde las que la organización habría gestionado parte de su actividad logística y económica.
La fase española se saldó con ocho detenidos o investigados y con la incautación de aproximadamente un millón de euros en efectivo durante los registros efectuados en Arnedo, en La Rioja. Los agentes también bloquearon numerosas propiedades, vehículos y productos financieros vinculados a los miembros de la organización, con el objetivo de golpear tanto la entrada de droga como la estructura económica que la sostenía.
La operación ha sido desarrollada por el Grupo Central Antidroga de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y por unidades especializadas de la Policía Nacional de Ecuador. Además, contó con la coordinación de Europol y de la Unidad Técnica de Policía Judicial a través del proyecto GDIN, lo que permitió compartir información, coordinar actuaciones y avanzar de forma simultánea contra distintas ramas de la organización.
En España, la investigación ha estado dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga y por el Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional. Con esta operación, las autoridades dan por desarticulada una estructura internacional que habría utilizado empresas pantalla, rutas marítimas y conexiones financieras transnacionales para introducir cocaína en Europa a gran escala.
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