San Pedro Alcántara
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La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado un grupo criminal dedicado a estafar a empresas proveedoras mediante la suplantación de mercantiles legítimas. La operación conjunta, desarrollada en el marco de las investigaciones "Daifum" y "Cuper", se ha saldado con la detención de dos hombres de 27 y 46 años acusados de utilizar identidades empresariales reales para encargar mercancía a crédito sin intención de abonarla.
La investigación ha identificado hasta el momento catorce empresas afectadas en Alicante, Barcelona, Murcia, Valencia y Navarra. Diez de ellas fueron víctimas de estafas consumadas, con un perjuicio económico superior a 66.000 euros, mientras que otras operaciones quedaron en grado de tentativa por un valor de más de 84.000 euros. Entre estas últimas figura un pedido de equipos de climatización valorado en 62.000 euros que pudo ser frustrado antes de su entrega.
Las pesquisas comenzaron a comienzos de abril de 2026, cuando el Equipo @ de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante detectó el uso fraudulento de la identidad de una empresa de esa provincia. Semanas después, la Policía Nacional de Murcia recibió dos denuncias por la usurpación de una mercantil de Molina de Segura, a las que se sumó en julio otra denuncia presentada en Valencia por un proveedor afectado por una empresa suplantada también en Murcia.
El modo de actuación consistía en utilizar la denominación social, el CIF, el domicilio y documentación mercantil de empresas reales para aparentar solvencia ante proveedores. Los investigados creaban además direcciones de correo electrónico similares a las de las mercantiles suplantadas y se hacían pasar por sus responsables para solicitar presupuestos y efectuar pedidos de climatización, calefacción, material eléctrico y otros suministros industriales.
Una vez aprobada la operación comercial, el grupo adquiría la mercancía a crédito y concertaba la entrega en polígonos industriales o zonas apartadas. En ocasiones modificaba el punto de recepción poco antes de la entrega para dificultar el seguimiento policial y evitar que los proveedores detectaran la maniobra fraudulenta.
Uno de los intentos de fraude, valorado en 62.000 euros en equipos de climatización, fue detectado antes de que la mercancía llegara a manos de los investigados, lo que permitió evitar un perjuicio económico elevado. El caso reforzó la hipótesis de que la organización mantenía una estructura logística preparada para recibir, trasladar y ocultar los productos obtenidos mediante engaño.
La identificación de los presuntos responsables fue posible gracias al análisis de las pruebas, las declaraciones de víctimas y testigos y las gestiones operativas desarrolladas por ambos cuerpos. Los investigadores concluyeron que uno de los detenidos desempeñaba un papel esencial en la logística de la trama y que ambos actuaban de forma coordinada para dar apariencia de legalidad a los pedidos.
Las detenciones se practicaron el 28 de julio en una zona industrial del paraje El Cabildo y La Campana, en el término municipal de Lorca, en Murcia. Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil desplegaron un dispositivo conjunto que culminó con el arresto de los dos investigados. Uno de ellos intentó huir al advertir la presencia policial, pero fue interceptado pocos instantes después.
Sobre el detenido de 46 años pesaba además una orden de ingreso en prisión dictada por la Audiencia Provincial de Madrid. Durante la actuación, los agentes intervinieron un camión de plataforma, una motocicleta de gran cilindrada, cuatro teléfonos móviles, un dispositivo de localización GPS, un arma prohibida y 1.880 euros en efectivo.
A los detenidos se les atribuyen los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal. El hombre de 27 años quedó en libertad, mientras que el de 46 ingresó en prisión provisional al ser considerado uno de los principales responsables de la organización. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.
La Policía Nacional y la Guardia Civil recomiendan a las empresas extremar las comprobaciones antes de conceder operaciones comerciales a crédito, verificar la identidad de nuevos clientes y proveedores y desconfiar de cambios de última hora en los lugares de entrega, especialmente cuando se trate de pedidos de elevado importe.
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