Una operación de la Policía Nacional con las autoridades de Países Bajos y Europol ha concluido con diez detenciones por la presunta actividad de una organización dedicada a cometer secuestros por encargo. Según el comunicado policial difundido este 28 de octubre, la investigación comenzó tras el rapto de un ciudadano español en Amberes (Bélgica), por cuya liberación se exigían 600.000 euros.
Siete personas fueron detenidas en Países Bajos y tres en España. La autoridad judicial acordó el ingreso en prisión de nueve de ellas. A los arrestados se les atribuyen presuntamente delitos de pertenencia a organización criminal y secuestro; la medida de prisión no equivale a una condena.
Los familiares denunciaron el secuestro, ocurrido el 15 de febrero, después de recibir llamadas y vídeos de la víctima a través de plataformas encriptadas. En esas comunicaciones, el hombre intentaba tranquilizarlos y les decía que podrían reunirse cuando terminara unas gestiones.
Las pesquisas apuntaron a que los captores le atribuían la desaparición de 500 kilos de cocaína durante un traslado desde España a Países Bajos. Esa supuesta responsabilidad forma parte de la explicación policial del motivo del secuestro y no debe presentarse como una participación delictiva acreditada por sentencia.

Según la reconstrucción de los investigadores, el hombre fue llevado a una nave industrial utilizada como empresa de alquiler de trasteros, donde se retenía a personas bajo vigilancia armada. Durante el cautiverio sufrió graves agresiones y tuvo conocimiento de la presencia de otras víctimas.
Posteriormente fue trasladado a un piso en Países Bajos. Cuando sus captores decidieron llevarlo de nuevo a Bélgica, consiguió escapar del vehículo en marcha y pedir ayuda en una gasolinera. La nota sitúa la duración del cautiverio en alrededor de semana y media, sin precisar su estado de salud actual.
La Policía describe una estructura que prestaba servicios a otras organizaciones criminales, con inmuebles destinados al cautiverio en Bélgica y Países Bajos y miembros remunerados con funciones diferenciadas de vigilancia, conducción y agresión a los secuestrados.
La primera fase del operativo se desarrolló el 24 de febrero en Países Bajos, con siete detenciones, entre ellas las del inquilino del piso y el propietario de los trasteros. La segunda tuvo lugar el 24 de septiembre en España, donde fueron arrestadas otras tres personas. Los investigadores las identifican como el presunto líder de la organización, su colaborador principal y el supuesto responsable de la red de narcotráfico para la que, según la nota, trabajaba la víctima.
La investigación continúa abierta. En los inmuebles se hallaron restos biológicos atribuidos a la víctima y a otras personas pendientes de identificar, de acuerdo con el comunicado. Las pesquisas buscan esclarecer esos indicios y no se descartan nuevas detenciones. La nota no concreta el número total de víctimas ni las localidades españolas en las que se practicaron los arrestos.





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