San Pedro Alcántara
Guía de San Pedro Alcántara
El consumo de electricidad y agua de los centros de datos en España centra la reclamación de cinco organizaciones ecologistas al Gobierno: establecer obligaciones vinculantes que eviten trasladar los costes de estas infraestructuras al conjunto de la sociedad. Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España advierten de que, si se confirman en el texto definitivo los cambios publicados sobre el futuro real decreto, la regulación reduciría las exigencias ambientales y energéticas inicialmente previstas.
Las entidades señalan tres posibles modificaciones: ampliar hasta cinco años los plazos de adaptación, elevar el umbral de potencia a partir del cual se aplicaría la norma y flexibilizar las obligaciones de abastecimiento con nuevas instalaciones renovables. También cuestionan una eventual relajación de la exigencia de acreditar que esa electricidad se genera en la misma hora en que se consume. Su advertencia se refiere a informaciones sobre una nueva versión del proyecto, no a una norma definitiva ya aprobada.
La principal demanda energética es que el 100 % del consumo eléctrico de los nuevos centros de datos se cubra con generación renovable adicional. Las organizaciones piden garantías que permitan comprobar el origen de la electricidad y su correspondencia temporal y geográfica con el consumo. Con ello buscan evitar, según sostienen, que la nueva demanda aumente la dependencia de los combustibles fósiles, encarezca la energía de los hogares o absorba electricidad renovable necesaria para reducir las emisiones de otros sectores.
Las entidades consideran positivas la flexibilidad de la demanda y la posibilidad de desconectar estas instalaciones cuando el sistema eléctrico atraviese situaciones de tensión. Sin embargo, defienden que esas medidas no sustituyen la incorporación de nueva generación renovable que respalde el consumo añadido.
En materia de agua, reclaman límites absolutos de consumo ajustados a la disponibilidad de cada cuenca, además de medidas de eficiencia. También piden proteger la biodiversidad y los ecosistemas, priorizar terrenos ya artificializados y evaluar conjuntamente los impactos de los proyectos y de sus infraestructuras asociadas. A estas condiciones añaden una planificación ambiental rigurosa, participación pública suficiente y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Para respaldar su advertencia económica, la nota cita un estudio de modelización de investigadores de la Universidad Técnica de Berlín que estima un encarecimiento de la factura eléctrica de 2.000 millones al año si no se aprueba el real decreto. El comunicado no detalla la metodología ni los supuestos de ese cálculo, por lo que la cifra debe entenderse como una estimación atribuida al estudio, no como una subida ya constatada.
La reclamación tendrá también presencia en la calle. En el marco de la convocatoria europea stopdirtydatacentres.eu, están previstas movilizaciones los días 6 y 7 de noviembre para pedir un despliegue ordenado de estas infraestructuras y una regulación exigente. La nota menciona Madrid, Cerdanyola del Vallès, Granada, Lugo, Zamora, Zaragoza, Huesca, Navarra, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Huelva, entre otros lugares.
En paralelo, el Consejo de Estado ha concedido audiencia a Ecologistas en Acción, según informa el comunicado. La organización ha remitido sus recomendaciones con el objetivo de que el dictamen de este órgano inste al Gobierno a aprobar un texto con mayores exigencias ambientales.
Las cinco entidades sostienen que la regulación debe abordar el consumo total de recursos, no solo la eficiencia de cada instalación. Su petición al Gobierno es que el desarrollo de las infraestructuras digitales respete los límites de los territorios y contribuya a la transición energética, sin trasladar sus costes ambientales, energéticos y económicos a la sociedad.
