Más de la mitad de la población de Andalucía vive en áreas clasificadas como de alta o muy alta prioridad para la intervención pública frente al riesgo de calor extremo. Así lo revela una investigación que acaba de ser publicada en la revista científica International Journal of Disaster Risk Reduction, realizada por las universidades de Granada, Almería y Málaga, que propone una metodología capaz de identificar las zonas residenciales donde confluyen tres factores críticos: una mayor exposición a altas temperaturas, una elevada vulnerabilidad social de la población y un acceso deficiente a pie a posibles refugios climáticos.
El estudio, desarrollado con un enfoque cartográfico y multiescala, analiza el conjunto de la comunidad autónoma y permite localizar con alta resolución los barrios y áreas urbanas que deberían ser prioritarios en las políticas de adaptación al cambio climático. Los resultados evidencian importantes desequilibrios territoriales: en muchas ciudades andaluzas, los barrios con mayor vulnerabilidad social y mayor exposición al calor coinciden precisamente con las zonas que disponen de peor acceso a espacios de alivio térmico como parques, zonas arboladas o equipamientos públicos con climatización.
Tres dimensiones para evaluar el riesgo
La metodología desarrollada por el equipo de investigación integra tres componentes fundamentales para evaluar el riesgo derivado de las altas temperaturas. El primero es el peligro por calor, que cartografía la intensidad del fenómeno térmico en las distintas áreas urbanas. El segundo es un índice sintético de vulnerabilidad social, construido a partir de múltiples indicadores sociodemográficos que permiten identificar los ámbitos donde se acumulan factores como el envejecimiento de la población o la baja renta. El tercer componente analiza la accesibilidad peatonal a una red potencial de refugios climáticos construida específicamente para esta investigación, ante la inexistencia en Andalucía de una red oficial estructurada a escala autonómica. Esta red se ha definido a partir de equipamientos y espacios urbanos susceptibles de funcionar como refugios térmicos (parques, zonas arboladas y edificios públicos climatizados), tomando como referencia las experiencias implementadas en otras ciudades españolas y europeas. El análisis de redes permite estimar los tiempos y distancias caminables que la población debe recorrer para alcanzar estos espacios durante episodios de calor extremo. La superposición de estas tres variables de información permite identificar las "zonas críticas", donde confluyen los niveles más altos de peligro, vulnerabilidad y falta de acceso.

Los resultados del estudio ponen de manifiesto desajustes espaciales significativos entre la exposición al calor y la posibilidad de acceder caminando a refugios climáticos. Estas desigualdades resultan especialmente acusadas en las periferias urbanas y en los barrios desfavorecidos, donde la población más vulnerable soporta una mayor carga de riesgo térmico con menores recursos de proximidad para mitigarlo.
El análisis detallado permite constatar que no son las áreas centrales de las ciudades (generalmente mejor dotadas de infraestructuras verdes y equipamientos), las que presentan una situación más comprometida, sino determinados entornos residenciales periféricos y barrios históricamente desatendidos por las políticas urbanísticas.
Prioridad para la intervención
Cuando se integran las tres dimensiones analizadas (peligro térmico, vulnerabilidad social y accesibilidad a refugios), más de la mitad de la población andaluza queda clasificada en áreas de prioridad alta o muy alta para la intervención pública. Este dato adquiere especial relevancia en un contexto de intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos en la región mediterránea, donde las olas de calor son cada vez más frecuentes, duraderas e intensas como consecuencia del cambio climático.
La investigación subraya la necesidad de incorporar criterios de equidad en el diseño de las políticas de adaptación al calor extremo en entornos urbanos. Los autores del trabajo advierten que, de no tenerse en cuenta estas desigualdades, las actuaciones podrían beneficiar preferentemente a las áreas ya favorecidas, ampliando así la brecha existente en lugar de reducirla.
La metodología propuesta constituye una herramienta práctica para administraciones públicas y planificadores urbanos, ya que facilita la toma de decisiones basada en criterios objetivos sobre dónde resulta más urgente y eficaz invertir en infraestructuras de enfriamiento, creación de espacios verdes, instalación de sombras o mejora de equipamientos de protección climática.
El enfoque desarrollado permite orientar actuaciones como el refuerzo o la localización estratégica de refugios climáticos, la plantación de arbolado o el rediseño del espacio público hacia aquellos lugares donde pueden lograrse mayores reducciones del riesgo y de las desigualdades. La aplicación de esta metodología al conjunto de Andalucía demuestra también su viabilidad para ser replicada en otros territorios y escalas.
El estudio, que es resultado del proyecto "Ciencia ciudadana y TIG para la evaluación del riesgo compuesto sequías-olas de calor" (PID2022-139046OA-I00) financiado por la Agencia Estatal de Investigación, refuerza la idea de que la adaptación al calor extremo no es únicamente una cuestión ambiental o de planificación urbana, sino que afecta directamente a la salud pública y a la justicia social en el sur de Europa. Los investigadores concluyen que la identificación precisa de las zonas prioritarias constituye un primer paso imprescindible para diseñar intervenciones públicas que sean eficaces y equitativas.





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