San Pedro Alcántara
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El Ayuntamiento de Nerva (Huelva) ha anunciado este miércoles que interpondrá un recurso de alzada contra la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) del vertedero, aprobada el pasado 21 de agosto por la Junta de Andalucía, e impondrá un mayor control a estas instalaciones.
La resolución autonómica plantea el sellado del recinto y su transición hacia un modelo de reciclaje y valorización, una medida ante la cual el Consistorio ha garantizado que agotará las vías jurídicas para defender las competencias municipales.
El alcalde de la localidad, Josema Domínguez, ha subrayado, a través de un comunicado, que la corporación no se limitará a "mirar" ante una competencia autonómica e impulsará un seguimiento permanente sobre la actividad.
Entre sus principales exigencias figura la realización de una auditoría volumétrica periódica e independiente para determinar la capacidad real del complejo, así como la fijación de un calendario público y medible para la clausura definitiva. Asimismo, se solicitará un refuerzo de la seguridad y el control de las emisiones de olores.
Domínguez ha planteado además la necesidad de abrir una negociación con la empresa gestora (DSM) para fijar una nueva relación económica que no dependa exclusivamente de las toneladas depositadas, sino del conjunto de la actividad industrial, con el fin de destinar esos fondos a la diversificación económica y preparar al municipio para un futuro sin las instalaciones.
Dentro de este plan de acción, que el regidor resume en "recurrir, controlar, clausurar y transformar", la próxima semana se convocará a los portavoces de los grupos municipales para coordinar la hoja de ruta institucional.
Por su parte, la 'Comisión para el Cierre del Vertedero de Nerva, Ya' ha manifestado también su rechazo a la resolución autonómica y uno de sus portavoces, José Luis Lozano, ha criticado las "prisas" y la "premeditación" de la Junta de Andalucía por haber otorgado la autorización en pleno período vacacional.
Lozano ha denunciado que la Administración autonómica ha resuelto el expediente "sin la más mínima sensibilidad" hacia las alegaciones técnicas, científicas y de salud presentadas, condenando a la población a soportar la actividad del recinto por más décadas.
Ante esta situación, la plataforma ha anunciado que agotará los cauces judiciales, administrativos y sociales para frenar la medida.
La antigüedad no perpetúa
Por su parte, Mesa de la Ría también se ha sumado al rechazo y ha anunciado que recurrirá en alzada la nueva AAI y que, si la Junta de Andalucía mantiene la resolución, acudirá posteriormente a la jurisdicción contencioso-administrativa para solicitar su anulación.
Para Mesa de la Ría, la resolución confirma lo que ya denunció en sus alegaciones: bajo las palabras "reconformación, sellado y clausura" se está autorizando en realidad la prolongación de la explotación del vertedero, nuevas actividades industriales y nuevas capacidades de depósito.
El portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, ha sido contundente: "La Junta pretende justificar esta decisión diciendo que el vertedero ya existía antes de la normativa actual. Pero la antigüedad de una instalación no concede un derecho perpetuo a ampliarla".
"Lo que se autoriza en 2026 son nuevas actividades, nuevas instalaciones y casi 780.000 toneladas adicionales de residuos no peligrosos, sin una fecha cierta de cierre", ha dicho.
Mesa de la Ría rechaza igualmente que se utilice la economía circular para justificar la continuidad del complejo: "Valorizar y reciclar residuos puede ser economía circular. Abrir nuevas capacidades para enterrar cientos de miles de toneladas no es economía circular y, desde luego, no es clausurar un vertedero".
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