Un agente dice que Caballero garantizó a Acyco un “coste cero” en su ERE y conecta a Vitalia e intrusos

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha continuado este lunes el juicio relativo a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas (Sevilla) Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o innecesarios y las ayudas directas y sin publicidad, con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía.

Durante la sesión ha testificado un jefe del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que comandó la investigación desplegada en torno a las subvenciones autonómicas concedidas para el ERE promovido en 2003 por Acyco para prejubilar a 35 empleados, toda vez que durante la vista oral, acusados y testigos han reconocido que las prejubilaciones fueron ofertadas en condiciones bastante o muy "favorables".

Este investigador ha manifestado que durante las primeras pesquisas, la que fuera presienta del consejo del consejo de administración de Acyco, Encarnación Poto, acusada en este juicio; y el abogado de la empresa y director de Recursos Humanos de la misma, Gabriel Barrero, también acusado, declararon a los agentes que el entonces abogado de la firma Garrigues José Miguel Caballero, igualmente acusado en este juicio; "contactó con ellos para ofrecer sus servicios" con relación al citado ERE y les "garantizó" que el mismo tendría "un coste cero" para Acyco.

Es decir que Poto y Barrero, así como la firma Garrigues al "intermediar en la obtención de la financiación", según ha dicho, "eran conocedores" desde el comienzo de los contactos de que el coste íntegro de las prejubilaciones y los gastos adicionales asociados al ERE serían cargados a la Junta de Andalucía.

A continuación, ha rememorado que la propia Poto mencionó que antes de la formalización del ERE, cuya documentación carecería de solicitud oficial de ayuda y de resolución final de concesión oficial de la misma, fueron celebradas "reuniones previas" en las que participaron ella, el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, también acusado en el juicio y recientemente fallecido, y el abogado José Miguel Caballero.

Quién figuraba como tomador de la póliza

Del mismo modo, ha explicado que durante la investigación le extrañó que la tomadora de la póliza de las prejubilaciones del ERE de Acyco fuese la asociación 3 de Julio de extrabajadores de dicha empresa, explicando que las diligencias habrían revelado que la firma Garrigues "propuso" esa "figura" para la póliza del ERE e incluso habría participado en la confección de los estatutos de la asociación de prejubilados de Acyco.

A colación, ha rememorado que Poto, Barrero y Antonio Alamino, extrabajador de Acyco, otrora miembro del comité de empresa por UGT, prejubilado en el ERE promovido por dicha entidad en 2003 y presidente de la asociación 3 de julio, manifestaron durante la investigación que les había sido transmitido que Garrigues ya había usado esa "fórmula" en las gestiones correspondientes a otros ERE en los que había participado.

Eso sí, ha admitido que en el plano documental, no media "ningún contrato" entre Garrigues y Acyco. Respecto a la ayuda de 125.000 euros solicitada en 2009 por Acyco para "el mantenimiento de 144 puestos de empleo", cuya primera y única partida fue usada para sufragar parte de los honorarios de Garrigues por el ERE de 2003, según el que fuera director de Recursos Humanos de Acyco y además acusado, Gabriel Barrero, este investigador de la UCO de la Guardia Civil ha señalado su "conclusión" policial de que aquella subvención estaba directamente destinada a "pagar la factura pendiente" del despacho de abogados.

"Coincidencias" en los importes

"De manera velada o para evitar un escándalo, se articuló el pago mediante esa ayuda", ha explicado señalando que "coincidían" las cuantías de 82.000 euros correspondientes al importe de la factura del citado despacho de abogados y a dicha subvención cuya segunda partida no fue abonada por la no justificación de la primera. A colación de ello, ha reconocido que la investigación apunta a que el abono de dicha factura era "un compromiso" del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

En paralelo, este agente ha señalado que la investigación documental reveló que la consultora Vitalia, contratada para los estudios actuariales de las prejubilaciones del ERE, tenía un "trato diferenciado" con los denominados "intrusos", es decir las personas beneficiarias de las prejubilaciones de los ERE sin haber trabajado nunca para las empresas promotoras de los mismos, figurando en el juicio como acusados el exconsultor de Vitalia en Sevilla Jesús Bordallo y el que fuera director de la entidad Antonio Albarracín.

Los "intrusos" del ERE de Acyco, recordémoslo, fueron Andrés Carrasco, acusado en este juicio y "amigo" declarado del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; y el exalcalde socialista de San Nicolás del Puerto Domingo Martínez, fallecido tiempo atrás, destacando este investigador que Carrasco era "amigo de la infancia" de Guerrero y Domingo Martínez estaba "vinculado al PSOE", partido al que pertenecía Guerrero.

Sobre los intrusos, ha recordado que la investigación apunta a que "siguiendo instrucciones" de Encarnación Poto, Gabriel Barrero remitió un fax al abogado de la firma Garrigues Juan Antonio López de Carvajal , otrora acusado en esta causa, avisando de que se había detectado que en documentación de las prejubilaciones del ERE figuraban como beneficiarias de las mismas dos personas "que no pertenecían a Acyco", ante lo cual López de Carvajal habría manifestado que se pondría "en contacto" con Vitalia respecto a ese asunto, versión que López de Carvajal sostuvo a la hora de testificar en el juicio.

No obstante, el investigador ha señalado que las diligencias no han dado con documentación respecto a que tal aviso fuese trasladado a Vitalia mediante papeles, insistiendo en que habría sido la Dirección General de Trabajo, entonces con Guerrero al frente, con la "participación de Vitalia", la que habría "incluido" a Carrasco en las prejubilaciones de este ERE.

El dinero del anticipo

En cuanto a los 210.000 euros anticipados por siete socios de Acyco para activar el pago de las prejubilaciones del ERE como consecuencia del incumplimiento de la Administración andaluza en el calendario de abonos, este jefe de la Guardia Civil ha señalado que la Junta "nunca respetaba los plazos" de pago, pues median "comunicaciones a través de Garrigues" y hacia la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, respecto a tal extremo.

A tal efecto, ha señalado el "compromiso" del acusado Jesús Bordallo, entonces consultor de Vitalia en Sevilla, para que en el plazo de "un año" ese dinero fuese devuelto a los socios de Acyco que lo habían anticipado, extremo que según ha relatado habría sido acometido mediante "una factura" de la asociación 3 de Julio de extrabajadores de dicha empresa con cargo a la Junta, una factura no confecciónada por la asociación y para la cual habría mediado el "asesoramiento" de Garrigues.

Aquel dinero, según el que fuera presidente de la asociación 3 de Julio y extrabajador de Acyco, una vez depositado en la cuenta de la asociación fue transferido y "se lo llevaron" Gabriel Barrero y Encarnación Poto, presidenta del consejo de administración, también prejubilada en el ERE y acusada en este juicio.

No obstante, este investigador ha reconocido que no ha sido localizado documento alguno que plasmase ese "compromiso" de devolución.