Comienza este martes el juicio por las ayudas de los ERE a empresas del corcho

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla tiene fijadas para este martes y el miércoles las dos primeras sesiones del juicio correspondiente a las ayudas autonómicas a empresas vinculadas al sector del corcho, como Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera, con cargo a la partida presupuestaria 31L de la Junta de Andalucía, con la que eran sufragados los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos e incluso innecesarios y subvenciones arbitrarias y sin publicidad.

Con relación a esta pieza separada de la macrocausa de los ERE, en enero de 2020, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, emitía un auto de apertura de juicio oral por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, después de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones que ejercen la Junta de Andalucía y el PP andaluz hubiesen presentado sus respectivos escritos de acusación, según dicho auto de apertura de juicio oral recogido por Europa Press.

Los encausados en esta pieza separada de los ERE son Ángel Rodríguez de la Borbolla, --hermano del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE--, vinculado a dicho grupo de empresas en ocasiones como socio mayoritario y en otras como administrador único o apoderado; el coadministrador de las empresas R.B.M.; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como F.P.M.O.; Sotero Manuel Martín Barrero, actual alcalde socialista de Cazalla de la Sierra, como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas; y un responsable de una entidad bancaria identificado como G.C.E.

Este último, según el juez instructor, "facilitó mediante su firma" la obtención "fraudulenta" del pago de una ayuda a la empresa Servicios y Mantenimiento de Cazalla.

En conjunto, el caso abarca las ayudas concedidas entre 2001 y 2007 por importe de 8.408.096,42 euros a este grupo de empresas, "prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo, y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria", según el juez instructor.

El Ministerio Público, en su escrito de acusación, considera que los investigados son responsables de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, por lo que solicita para Rodríguez de la Borbolla la pena de siete años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta; seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta para R.B.M., F.P.M.O. y Sotero Martín, y cuatro años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta para G.C.E., así como el pago de distintas indemnizaciones a favor de la Junta de Andalucía.

Se trata del tercer juicio de la macrocausa de los ERE, después de que la Sección Primera de la Audiencia condenase a 19 de los 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, --entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán--, juzgados por el procedimiento específico a través del cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas con las que fueron financiadas los ERE presuntamente fraudulentos y las ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas; y que la Sección Tercera condenase al exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández y al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez por las subvenciones a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco).

A tal efecto, recordemos que la sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) tiene previsto celebrar los días 4 y 5 de mayo, la vista destinada a revisar los recursos de casación interpuestos contra la mencionada sentencia de la Sección Primera de la Audiencia sobre el "procedimiento específico" de financiación de los ERE.