La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha alcanzado un acuerdo con el sector pesquero para la apertura del caladero de la chirla (Chamelea gallina) en el Golfo de Cádiz, bajo unas condiciones técnicas y biológicas consensuadas para garantizar la sostenibilidad y rentabilidad de la actividad.
La resolución ya ha sido firmada por la Dirección General de Pesca, Acuicultura y Economía Azul, y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) se realizará en los próximos días, siguiendo el trámite administrativo habitual. Una vez publicada, se hará efectiva la apertura del caladero el 1 de agosto, conforme a las condiciones pactadas.
El director general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul, Carlos Aldereguía, se ha mostrado "satisfecho" por el acuerdo logrado, "tanto por las condiciones alcanzadas para el sector como para la sostenibilidad del recurso".

El acuerdo, fruto del diálogo mantenido con el sector, quedó cerrado el pasado 22 de julio durante una reunión celebrada en la sede de la Consejería en Sevilla, con la participación de representantes de la OPP72 (Isla Cristina), OPP80 (Sanlúcar de Barrameda), OPP89 (Punta Umbría), la Asociación de Armadores de Punta del Moral, la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (FACOPE) y Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía (ASEMA). Todas las entidades participantes manifestaron su conformidad con las condiciones recogidas en la resolución, tras semanas de trabajo conjunto.
Principales medidas adoptadas
Entre las condiciones acordadas para la apertura del caladero se incluye la reducción excepcional de la talla mínima de captura a 24 mm, con carácter transitorio hasta el 31 de enero de 2026, mientras se tramita una nueva orden que recoja este cambio de forma definitiva. A ello se suma la introducción de un margen de tolerancia del 20 % para ejemplares de talla inferior a 24 mm, aplicable tras el pesado y cribado, y que deberá mantenerse durante toda la cadena de comercialización.
La actividad pesquera se limitará a cuatro días semanales y 200 kilogramos diarios por embarcación en el caso de las dragas hidráulicas, y a cinco días y 150 kilogramos diarios para los rastros remolcados, con un máximo de cinco horas diarias y rangos de velocidad establecidos para controlar el esfuerzo pesquero.
Además, se pondrá en marcha un seguimiento científico del caladero, con el objetivo de ajustar la actividad según la evolución del recurso. Asimismo, se constituirá una Mesa de la Chirla, cuya primera reunión se celebrará el próximo 31 de julio, para abordar cuestiones como la criba y los protocolos de medición. También se impulsará una línea de ayudas al desguace voluntario de parte de la flota, dotada inicialmente con 4 millones de euros, orientada a lograr un mejor equilibrio entre capacidad extractiva y sostenibilidad del recurso.