Enrique Santiago adelanta tras un encuentro con agricultores que IU y Sumar actuarán “contra los cultivos superintensivos que esquilman el agua, acaban con la mano de obra y destrozan el suelo”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado por Córdoba del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha adelantado hoy en un encuentro con agricultores en esta provincia que van a proponer "tomar medidas contra los cultivos superintensivos, especialmente de aceite, que están esquilmando un recurso cada vez más escaso como es el agua, además de acabar con la mano de obra y destrozando el suelo".

Santiago aseguró que se plasmará en "propuestas concretas que vamos a llevar adelante para proteger nuestra agricultura y a los agricultores y ganaderos de este país", tras mantener un encuentro con la directiva y los trabajadores de la cooperativa agrícola La Unión, en la localidad de Montilla. En la reunión y el posterior contacto con los medios estuvo acompañado por la secretaria provincial de CCOO, Marina Borrego; el secretario general de Industria cordobés de CCOO, Agustín Jiménez, así como la portavoz del Grupo Municipal de IU Montilla, Rosa Rodríguez, entre otras personas.

El parlamentario por Córdoba trasladó a sus interlocutores muy especialmente "la preocupación de Izquierda Unida y de Sumar por la necesidad de unos precios justos para los productores agrícolas".

De la misma forma, destacó la "necesidad" de respetar la Ley de la Cadena Alimentaria "que establece la prohibición de la venta a pérdidas", de la que recordó que "las fuerzas políticas de la derecha y la ultraderecha, tanto el Partido Popular como Vox, votaron en contra". Es el mismo rechazo "sistemático" que estos partidos realizan en Bruselas "para evitar la prohibición de los efectos de los tratados de libre comercio, otro de los factores que afecta a los precios de los productos en el campo andaluz y de toda España".

Santiago abogó por "regular de una forma mucho más estricta" estos tratados que tanto defiende la derecha "para que no hundan la producción y los precios del campo en nuestro país".

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida tampoco ocultó su "preocupación" por el reparto del valor añadido de los productos agrícolas y ganaderos "en toda la cadena de distribución". Denunció que "no puede ser que la industria agroalimentaria en la práctica esté controlando el precio de la tierra, de las semillas, de los fitosanitarios, el precio de todo tipo de pesticidas, porque al final todo es una acumulación de beneficios en las grandes industrias, frente al incremento de las pérdidas en los pequeños y medianos productores".

Enrique Santiago "reformas" en la Política Agraria Común (PAC), de manera que perciban las subvenciones "quienes primen la producción, en primer lugar, al tiempo que hay que facilitar que se reduzca la burocracia y tomar medidas contra la concentración de tierras para garantizar así el arraigo de la gente en esas tierras y la continuidad de gente joven en el campo".

"Sorprende una situación en la que España aumenta sus exportaciones agrícolas y los beneficios de las grandes empresas agroindustriales, mientras los productores cada vez tienen menos recursos y se paga menos su trabajo", advirtió.

Ante ello, alertó con vehemencia que la derecha de PP y sus socios ultras de Vox "intenten hacer creer que la culpa de lo que ocurre es de 'no sé qué agendas' (en referencia, entre otras, de la Agenda 2030), porque cualquier agricultor sabe mejor que nadie el problema del incremento de las temperaturas, que ya en los últimos años ha afectado muy negativamente a la producción del olivar, por ejemplo, y de una sequía permanente con cada vez menos agua".

Preguntado por los medios sobre si se 'está llegando tarde' para dar respuesta a los graves problemas del campo, Santiago indicó que "no es que lleguemos tarde, sino que hasta que hemos llegado al Gobierno las políticas hechas han sido para favorecer la concentración de tierras o que sean las cadenas de distribución las que fijan los precios de los productos".

"Lo que no es normal -apostilló- es que esté en manos de cuatro empresas en este país todo el proceso, desde la compra del producto al agricultor, el envasado, el transporte, la distribución y la venta, y que todo el beneficio se multiplique en esa cadena".

El diputado por Córdoba del grupo de Sumar indicó que "hay que preguntar a los que han estado gobernando antes por qué han permitido a esta situación" y apuntó que la única forma de solucionar un problema pasa por "señalar claramente cuál es ese problema y no engañar y, por ejemplo, decir que en un país en el que cada vez habrá menos agua y donde las temperaturas seguirán subiendo se puede seguir trabajando como si esta realidad no existiera o como si estuviéramos en una situación de hace 20 o 30 años. Quien cuente eso está mintiendo".

Enrique Santiago concluyó sus explicaciones refiriéndose a un informe conocido hoy "sumamente preocupante" sobre la situación de los/as trabajadores/as del campo en los frutos rojos de Huelva. Los datos indican que en una producción que representa el 8% del PIB de la economía andaluza, que ocupa a entre 80.000 y 100.000 personas en los momentos más altos, "nos encontramos con una situación que no respeta en absoluto sus derechos".

En 2023 crecieron respecto al 2022 un 135% las infracciones laborales controladas, con un habitual empleo sumergido y más de 5.000 actas levantadas en los últimos años por falta de pago de cuotas a la Seguridad Social, falta de contratos o de reconocimiento de las jornadas reales que se trabajan, "y esto en un sector que representa el 8% del PIB de Andalucía, es decir, que ingresa dinero", comentó Santiago.

Apostó por "fortalecer la industria agroalimentaria española, pero respetando las condiciones laborales".

El diputado de Izquierda Unida quiso acabar su reflexión señalando que "nos preocupa que estos días escuchemos voces en la Unión Europea haciendo un llamamiento al incremento industrial en materia armamentística y de venta de armas, más en un momento en que se nos amenaza con volver a las políticas de austeridad".

"El gasto -señaló por contra- debe ser en favor de las personas y se ha demostrado que solo abandonando las políticas de austeridad se genera riqueza que se puede redistribuir para que las personas vivan mejor".