La dirección de la Confederación Empresarial Española (CEVE) se ha reunido con los sindicatos firmantes del Convenio colectivo de Centros y Servicios Veterinarios (CCOO, Fetico y UGT) con el objetivo de analizar "el preocupante incremento del estrés laboral" en el sector debido a la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, una situación avalada a través de un reciente estudio de la UNED.
"Las constantes contradicciones entre el código deontológico, la buena práctica veterinaria y la absurda normativa" derivada de este Real Decreto, en palabras del presidente de CEVE, Sebastià Rotger, "han incrementado los problemas de estrés laboral en un sector que también suma la fatiga por compasión".
Durante la reunión, patronal y sindicaos acordaron tratar esta problemática en la Comisión Paritaria de Salud Laboral incluida en el Convenio colectivo y que la solución de este conflicto entorno a la normativa actual forme parte de los objetivos del Observatorio Sectorial Veterinario (entidad donde se abordan temas sectoriales que no forman parte de la negociación colectiva).
Los reiterados conflictos que se producen por la ineficiente dispensación en las farmacias, la frustración de no poder prescribir los medicamentos más adecuados y contrariedades que no hacen si no provocar descontento entre los usuarios, se traducen en una pérdida de productividad que se estima en "un incremento de unos 50 minutos diarios dedicados a la burocracia y gestiones no productivas".

La normativa que da cobertura a las fuertes restricciones en la prescripción veterinaria y al sistema de comunicación PRESVET se justifica bajo el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), y se enmarca en estrategias europeas de uso racional de antimicrobianos.
La frecuencia de la declaración exigida en PRESVET (quincenal), el uso de tediosos documentos en un mundo ya plenamente digitalizado y las restricciones excesivas en la prescripción en base a los registros técnicos desactualizados, que anulan el criterio clínico y el conocimiento técnico-científico actualizado en la prescripción de la farmacopea veterinaria, no se justifican por varios motivos:
- No se basa en un riesgo actualizado proporcional (el uso veterinario representa menos del 1% del total nacional de antibióticos, según datos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios -AEMPS-).
- No tiene equivalente en el sector sanitario, donde no se obliga a los médicos o clínicas a declarar ni recetar en tales términos.
- No está alineada con la carga administrativa normal en otras obligaciones públicas como Hacienda o Sanidad, donde las declaraciones son trimestrales o anuales.
Por tanto, esta burocracia que presenta el RD 666/2023 supone "una carga desmedida y reiterada para pymes, autónomos o profesionales con medios limitados", añade Rotger, lo que vulnera el principio de proporcionalidad del art. 103 de la Constitución porque el control de la antibioresistencia no necesita tomar medidas urgentes en base a uso clínico de los antibióticos en animales a tan corto plazo, cuando no se toman las mismas medidas en el resto de los sectores sanitarios.
Finalmente, CEVE detecta una posible afectación de derechos laborales o de conciliación, especialmente por los plazos que impiden la organización razonable del tiempo, y del principio de igualdad, siendo una forma de discriminación estructural contra el sector veterinario careciendo de equivalencia en los otros sectores sanitarios.