San Pedro Alcántara
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El Consejo de Ministros ha autorizado la propuesta de distribución territorial de créditos destinados a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para el ejercicio presupuestario 2026. Esta inversión, que asciende a un total de 56.830.000 euros, se divide en dos grandes bloques: 39 millones de euros para acciones en materia de salud mental y 17,83 millones de euros para la prevención del suicidio.
El acuerdo, que será sometido próximamente al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), mantiene las cuantías del año anterior y tiene como objetivo principal la mejora de la salud mental de la población mediante el desarrollo de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026.
La partida de 39 millones de euros destinada a salud mental se articula a través del Plan de Acción 2025-2027. Estos fondos se distribuyen en:
- 26,8 millones de euros para gastos corrientes, incluyendo la posibilidad de financiar gastos de personal ligados estrictamente a la ejecución de proyectos.
- 12,2 millones de euros destinados al equipamiento necesario para el desarrollo del plan.
Las actuaciones se centrarán en ocho líneas estratégicas, entre las que destacan el refuerzo de los recursos humanos, la atención comunitaria, desinstitucionalización, la asistencia basada en derechos, y el abordaje específico de la salud mental perinatal, infantil y adolescente.
Por su parte, los 17,83 millones de euros dedicados a la prevención del suicidio buscan estructurar las actuaciones para abordar la conducta suicida en España a través de un enfoque integral. El presupuesto se desglosa en:
- 12,83 millones de euros para gastos corrientes y equipamiento del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio.
- 5 millones de euros para gastos de inversión.
Este plan prioriza líneas de actuación enfocadas en la sensibilización, la prevención en colectivos vulnerables y el fortalecimiento del abordaje sanitario.
Para garantizar la equidad, los fondos se distribuirán entre todas las comunidades autónomas —a excepción de la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco, debido a su régimen foral— y las ciudades de Ceuta y Melilla a través del INGESA, siguiendo un modelo de reparto que asigna un 5% de forma lineal para asegurar un importe mínimo a cada territorio y el 95% restante en función de criterios poblacionales.
Para acceder a estos créditos, las administraciones destinatarias deberán adherirse a las actuaciones financiadas y aportar una memoria detallada de los proyectos y el importe destinado.
Como novedad, la equidad, la promoción de los derechos y el enfoque comunitario se establecen como criterios obligatorios para la aprobación de los proyectos. Además, se considerarán criterios de excelencia la participación, la incorporación de personas expertas por experiencia y la intersectorialidad.
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