Málaga vuelve a ser el foco de la espiral de violencia que se cierne contra los médicos de los hospitales y centros de salud de la provincia.
El pasado martes 19 de mayo un paciente se coló sin cita en la consulta de su médica de familia del centro de salud Ciudad Jardín de la capital para que le recetaran ansiolíticos y comenzó a intimidarla cuando otra facultativa entró a auxiliar a su compañera e intentó acompañar al usuario a pedir su cita en admisión. La reacción de éste fue pegarle un tortazo en la mano, empujarla e insultarla ya que, según él, había impedido salirse con la suya.
Tras el aviso a la Policía Nacional, los agentes se lo llevaron detenido mientras las agredidas presentaron un parte de lesiones y la correspondiente denuncia que derivó en la celebración de un juicio rápido que se celebró durante la mañana de ayer.
La sentencia ha condenado al agresor a una pena de cuatro meses de prisión por un delito de atentado contra personal sanitario y veinte días de multa con cuota diaria de 10 euros por un delito leve de lesiones. Igualmente, ha impuesto una prohibición de aproximación y de comunicación con ambas doctoras por un periodo de cuatro meses.

Antes de la concentración de los compañeros para apoyar a las médicas en la puerta del centro de salud en la mañana de este jueves, la madre del agresor ha acudido al centro preguntando por una de las facultativas "para decirle cuatro cosas". La Policía ha tenido que desalojarla y recomendar a la doctora que abandonara su puesto de trabajo.
Agresiones
El Sindicato Médico de Málaga (SMM) vuelve a denunciar esta grave situación que afecta directamente a los compañeros en el ejercicio de sus funciones, en un año 2026 en el que se ha superado la decena de casos de agresiones a facultativos en la provincia malagueña, además de apoyar esta mañana a las profesionales agredidas en la concentración celebrada en la puerta del centro de salud.
Asimismo, hay que destacar que los agresores cuentan con la complicidad de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía al no desarrollar un plan de sanciones administrativas contra los agresores, como se ha establecido en otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, tal es el caso de Galicia.
La mayoría de los trabajadores del SAS están sufriendo una discriminación al no contar con vigilantes de seguridad en los centros sanitarios, como ocurre en otros espacios públicos de la Administración.
Por otro lado, el SMM exige a la administración la contratación de vigilantes de seguridad en los centros de salud y medidas contundentes que velen por la integridad de los trabajadores.





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