San Pedro Alcántara
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El vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, ha subrayado hoy que el principal objetivo del proyecto de Ley de Calidad Ambiental es dotar a los ayuntamientos y al Principado "de instrumentos de intervención administrativa que proporcionen una respuesta ágil y mayor seguridad jurídica a los promotores de actividades económicas, sin menoscabo de las garantías de protección ambiental contenidas en las normativas europeas, estatales y autonómicas vigentes".
Cofiño, que ha intervenido en el debate de las enmiendas de totalidad a este proyecto, celebrado en el pleno de la Junta General, ha indicado que la norma es oportuna, equilibrada y muy necesaria para afrontar los retos a los que se enfrenta Asturias.
En función de la incidencia medioambiental de las actividades, la ley establece tres tipos de intervención administrativa:
- Las actividades e instalaciones de mayor incidencia ambiental, a las que se les aplica la ley estatal de prevención y control integrados de la contaminación, seguirán sometidas al régimen de la autorización ambiental integrada ordinaria, por motivos de protección y, por tanto, de interés público.
- Para las actividades con moderada incidencia sobre el medio ambiente y que requieren de uno o varios permisos ambientales sectoriales, ya sea porque producen emisiones, generan vertidos o tratan residuos, se establece el régimen de la autorización ambiental integrada simplificada. Este novedoso instrumento reúne en una única autorización autonómica las diferentes autorizaciones ambientales sectoriales. Por tanto, aplica principios de simplificación, racionalización y cooperación entre administraciones públicas.
- En el caso de los proyectos con incidencia ambiental mínima se opta por la fórmula de la declaración responsable ambiental, que permite al titular iniciar su actividad de forma inmediata, sin necesidad de autorización o de otro acto administrativo previo, que se sustituye por el control posterior. De este modo, se compatibiliza la protección medioambiental con la simplificación y agilización de los trámites. Este régimen será el único de competencia de los ayuntamientos. La declaración responsable afectará a numerosas actividades económicas, como talleres de reparación de vehículos (sin cabina de pintura), gasolineras, carpinterías metálicas o de madera, hostelería, antenas de telefonía, garajes o ganaderías, entre otras.
Los dos últimos procedimientos –la autorización ambiental integrada simplificada y la declaración responsable ambiental- sustituirán el dilatado trámite de licencia ambiental de actividades clasificadas previsto en el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Raminp). Se trata de un reglamento obsoleto, que data de 1961, al que sustituye la ley.
Durante su intervención, Cofiño ha destacado que la normativa permitirá al Principado asumir parte importante de la tramitación de autorizaciones de actividades que gestionan ahora los ayuntamientos, por lo que estos tendrán menor carga administrativa y no verán afectadas competencias municipales relativas a la compatibilidad de los proyectos con el planeamiento urbanístico del concejo o con normas u ordenanzas.
El vicepresidente ha explicado que todas las actividades deberán observar la exigente legislación medioambiental para su tramitación, en particular, la de evaluación de impacto ambiental y la de prevención y control integrados de la contaminación. Igualmente, ha precisado que solo en el caso de que no se les fije ninguna obligación de autorización, por aplicación de las leyes ambientales sectoriales, podrán acogerse al régimen de declaración responsable ante el ayuntamiento en el que se pretenda llevar a cabo la iniciativa.
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