La Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía "no aprecia actualmente motivos suficientes, perentorios y de interés general que demanden ampliar" la distancia mínima de "protección" de 150 metros que, de acuerdo a la actual regulación del Gobierno andaluz, debe separar a los establecimientos de juego presencial respecto de los centros de enseñanza no universitaria.
