El Observatorio de Desigualdad de Andalucía reclama medidas efectivas para frenar la segregación de la población migrante en Andalucía

El VI Informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía publicado hoy reclama medidas efectivas para frenar la segregación que se está produciendo de la población migrante que vive en los barrios y zonas agrícolas de Andalucía inmersa en "dinámicas de precariedad y privación, cuando no incluso en riesgo de explotación y subordinación".

En el estudio -que será presentado el próximo lunes 26 de mayo, a las 18 horas, en el Palacio de los Marqueses de la Algaba- han participado investigadores de las Universidades de Almería, Complutense de Madrid, Granada, Huelva, Málaga, Pablo de Olavide, y Sevilla, además de entidades como Fundación CEPAIM y Oxfam Intermón.

Ofrece un análisis de situaciones específicas que vive una de las poblaciones que acumula más condiciones de desigualdad e insta a los poderes públicos a que se diseñen políticas que no dejen a nadie atrás, tales como ampliar la vivienda social, mejorar servicios educativos y sanitarios, ofrecer actividad cultural y de ocio, promover la convivencia intercultural en los barrios más afectados o el diseño de gobernanza participada que incorpore la visión de los actores sociales y vecinales sobre los retos.

Entre los casos más extremos que requieren de una urgente intervención se encuentran el barrio de El Puche, en Almería, o Tres Barrios, en Sevilla. Todas las zonas que presentan segregación muestran parques de viviendas antiguos y de baja calidad, en barrios de las periferias degradadas y desfavorecidas, donde se agudizan la segregación y estigmatización que es necesario romper y que se expresa en aislamiento espacial, dinámicas de convivencia, segregación escolar, estigma social y territorial que experimentan sus vecinos y vecinas.

Una realidad que se suma a la gentrificación y turistificación que expulsan de los centros históricos a las poblaciones con menos recursos, un fenómeno muy presente en ciudades como Sevilla, Granada o Málaga.

También de baja calidad son los empleos que ocupa la población migrante española, cuyo sueldo medio es un 30% inferior al de la población autóctona, algo que se intensifica en el caso de las mujeres, que acumulan a su vez una doble precariedad, con salarios un 20% inferior al de los hombres migrantes.

Un ejemplo palmario de esa segregación es la presencia los asentamientos agrícolas de Huelva y Almería que tienen carácter permanente y donde la estancia de las personas que viven en ellos se ha alargado en el tiempo y ya 1 de cada 4 personas en Almería y 1 de cada 10 en Huelva lleva una década o más en esta situación.

En estos asentamientos, más de un 60% se encuentran en situación irregular, sin permiso de residencia ni trabajo y soportan una grave insuficiencia económica, por la fluctuación en la necesidad de mano de obra y por la propia irregularidad administrativa que se expresa en realidades muy duras, como que más de 4 de cada 10 tiene ingresos inferiores a 400€.

De este modo, aunque la mayor parte de estas personas ha intentado vivir en un lugar mejor -8 de cada 10 en Huelva, y más de 6 de cada 10 en Almería-, no consiguen superar la situación habitacional debido a esta falta de dinero para poder pagar otro inmueble, por la escasez de vivienda próximas a los tajos, o por la discriminación inmobiliaria, por un lado, o la discriminación directa, en cuanto a los requisitos exigidos de documentación e ingresos.

Según el informe, la consecuencia derivada es que las características de los asentamientos condicionan la vulnerabilidad social y la integración y convivencia. "Se trata de lugares inhóspitos, aislados, sin medios de transporte, situados en zonas deterioradas, sin comercios ni servicios públicos, sin contenedores, agua, ni red de saneamiento".

Además, las dificultades para el empadronamiento en estas ubicaciones -pese a ser una obligación legal que deben cumplir los municipios- suponen uno de los principales cuellos de botella para el acceso a servicios públicos y derechos de ciudadanía. Casi 1 de cada 3 personas no está empadronada, lo que significa un gran escollo en el reconocimiento de sus derechos, ya que les priva de acceso a servicios sociales, les dificulta la posibilidad de regularizar su situación y les hace invisibles al no ser contabilizadas para ningún fin.

Resulta significativo que, en los asentamientos onubenses, el modelo de migraciones circulares, con contratación en origen, que ha mejorado algunos estándares de vida, trabajo y seguridad, no termina de suponer un disparadero para la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores migrantes temporeros.

Según el informe, estas vulneraciones de derechos que sufre la población migrante en el Estado, se producen en un momento de inflexión en el que se pone en cuestión la garantía de los derechos humanos por la aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, en el que se fortalece el crecimiento de movimientos políticos xenófobos, en un contexto en el que las desigualdades encuentran una de sus principales causas en un sistema económico y socialmente insolidario que aterrizan en lo local y que promueve dinámicas de acumulación en un extremo, y de exclusión en el otro, que para las personas atrapadas en ese "suelo pegajoso" del extremo perdedor esta experiencia deja una marca profunda en su salud, en sus oportunidades y en su capacidad de ser y de vivir con dignidad.