Ecologistas reafirman su rechazo a la autorización de reapertura de la mina de Aznalcóllar

Organizaciones ecologistas reiteran su rechazo a la autorización de reapertura de la mina de Aznalcóllar y vertidos tóxicos asociados a las actividades mineras por los riesgos que implican para la salud de la población, los ambientales y socioeconómicos sobre el Guadalquivir, Doñana y zonas de la Red Natura 2000, y apoyan una manifestación para el 9 de mayo.

Así lo suscriben en un comunicado las ongs Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF en el que subrayan que, el pasado 25 de abril, se cumplieron 28 años de la mayor catástrofe ecológica en Andalucía provocada por la mina de Boliden en Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla, sin embargo se han otorgado autorizaciones para nuevos vertidos tóxicos que "provocarían efectos acumulativos y sinérgicos con los anteriores vertidos en la misma zona".

Por ello, aseguran que "muestran su apoyo a las reivindicaciones" de las cofradías de pescadores, asociaciones de comerciantes y ciudadanía en general de poblaciones ribereñas del estuario del río Guadalquivir, junto a ongs ecologistas, que se manifestarán el próximo 9 de mayo frente a la desembocadura del río y las costas de Doñana para denunciar la contaminación que han provocado los vertidos mineros.

Aseguran que muestran su apoyo a las protestas de la población por la contaminación que los vertidos mineros han provocado en el río Guadalquivir desde 2009 hasta 2023, por parte de la mina Cobre Las Cruces, y, especialmente, contra los nuevos vertidos tóxicos autorizados para los proyectos de reapertura de la Mina Los Frailes, en Aznalcóllar, y la nueva mina subterránea de Cobre Las Cruces, en Genera (Sevilla).

Esos vertidos, subrayan, supondrían "un vertido tóxico preoperacional de 17.520 millones de litros de aguas ácidas con alto contenido en metales pesados, procedentes de las cortas de Aznalcóllar y Los Frailes, abandonadas desde 2001. Un vaciado que se pretende realizar en tan sólo 18 meses (más de 30 millones de litros diarios)".

Añaden que también "se autorizó un vertido de 68.000 millones de litros durante un periodo operativo de 17 años, una vez que concluya el vaciado preoperacional".

Sostienen que en mayo de 2025, la Dirección General de Minas otorgó la autorización minera, incluyendo una planta industrial de obtención de concentrados de zinc, cobre y plomo.

Recuerdan que en abril de 2024 varios alcaldes y alcaldesas de poblaciones ribereñas, representantes de agricultores, pescadores y mariscadores, así como asociaciones de consumidores y consumidoras y las mareas blancas de defensa de la salud, unidos a científicos y al Defensor del Pueblo Andaluz exigieron la paralización de las actividades mineras.

Apoyándose en estudios científicos de las Universidades de Sevilla, Cádiz y Granada, sostienen que la autorización ambiental del proyecto de la Minera Los Frailes no ha tenido en cuenta la totalidad de los impactos ambientales y socioeconómicos de la puesta en marcha y ejecución de la explotación minera sobre zonas protegidas como el Bajo Guadalquivir, incluidas en la Red Natura 2000, y el Espacio Natural de Doñana.

Por todo ello, las organizaciones ecologistas exigen a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que no otorgue la concesión de aguas que permitiría a la empresa Minera Los Frailes vaciar las aguas contaminadas de las cortas mineras de Aznalcóllar y Los Frailes, cuyo destino final es la Zona de Especial Conservación del estuario del Guadalquivir, con punto de vertido frente al estadio de La Cartuja, en Sevilla.

En la próxima manifestación, aseguran, se exigirá además a la Junta de Andalucía una moratoria para futuros vertidos y la creación del comité de expertos independientes que se pronuncie sobre "la contaminación por metales pesados (como arsénico, cadmio, plomo, zinc, níquel y selenio) en el río Guadalquivir como resultado de los vertidos mineros".

Aseveran que esa contaminación afectaría "seriamente" desde Sevilla hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, "afectando gravemente los cultivos de arroz de la marisma sevillana y la reserva de pesca de la desembocadura del Guadalquivir, lo que además pondría en riesgo la salud de las personas que consuman estos productos".

Por último, piden un pronunciamiento por parte de los organismos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre la incidencia de los vertidos previstos en el cumplimiento de los objetivos para 2027 del buen estado de las aguas del Estuario del Guadalquivir acordados con la Unión Europea, y en consonancia con lo solicitado por el Defensor del Pueblo Andaluz.