La Policía Nacional desarticula un entramado criminal dedicado a la obtención fraudulenta de permisos de residencia y defraudación a la seguridad social

Agentes de Policía Nacional han desarticulado un entramado criminal que, mediante el uso de una empresa ficticia, realizaba falsas contrataciones con el fin de que personas en situación irregular pudieran cumplir los requisitos requeridos en la Legislación de Extranjería para obtener permisos de residencia y trabajo, con el consiguiente acceso a todo el Espacio Shengen. En el marco de la Operación Fénix de la UCRIF de Algeciras y la Operación Ballesta del GOE de Marbella han sido detenidas un total de 39 personas como presuntos autores de delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración irregular, fraude a las prestaciones y pertenencia a grupo criminal. Entre los detenidos se encuentra seis personas que formarían en núcleo de la organización con base en Marbella, donde a través de una gestoría oculta en la trastienda de un salón de belleza, ofertaban permisos de residencia y trabajo a inmigrantes irregulares asentados en distintos puntos de la geografía española. Las otras 32 personas han sido detenidas en Algeciras, Barcelona, Gijón, Almería, Madrid, Marbella, Albacete y Granada, a quienes con posterioridad se les solicitó la revocación de los permisos de residencia fraudulentamente obtenidos.

La investigación se inició tras ser detectados en Algeciras diversos inmuebles en el que se encontraban empadronadas personas extranjeras, y a los que los propietarios de estos inmuebles manifestaban no haberles arrendado el mismo, justificándose las distintas altas en la Oficina del Padrón de Algeciras a través de contratos de arrendamiento simulados, los cuales eran presentados telemáticamente ante la sede electrónica del Ayuntamiento de Algeciras.

Del estudio de los expedientes de regularización de los extranjeros empadronados en esos inmuebles, se pudo comprobar que estos solicitantes carecían de cualquier tipo de arraigo en la ciudad de Algeciras, procediendo todos ellas de domicilios ubicados en la Costa del Sol y Almería y utilizando dichos solicitantes el mismo modus operandi en procedimiento para justificar los medios de vida, a través de una empresa ficticia y siendo todas ellas representadas por la misma persona ante la Oficina de Extranjeros.

Fruto de las gestiones de investigación se pudo conocer que todos estos extranjeros habrían contratado los servicios de un mismo gestor en Marbella quien ofrecía, a cambio de entre 2.500 y 5.000 euros, la posibilidad de regularizar su situación en España, a lo cual dichos extranjeros accedían a pagar debido a su vulnerable situación y por desconocer las leyes en materia de extranjería. Debido a ello el Gestor, quien manifestaba ser experto en la materia, aprovechaba la situación de vulnerabilidad para lucrarse de estas personas, quienes llegaban incluso a vender sus pocos bienes o endeudar a sus familiares en su país de origen para poder abonar la deuda generada.

Así mismo, el Gestor ofrecía a estas personas la posibilidad de subsanar los gastos de la obtención del permiso de residencia con el posterior cobro de prestaciones de desempleo, ya que muchos de ellos solicitaban con posterioridad distintas prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.

El entramado criminal compuesto por seis personas, una de ellas de origen magrebí, ofertaba altas simuladas en empresas de Marbella junto a empadronamientos ficticios en la ciudad de Algeciras, con el fin de que los permisos de residencia fueran solicitados en la provincia de Cádiz y no en la de Málaga donde el dirigente del entramado ya era conocido por las correspondientes Instituciones donde se presentaban este tipo de trámites.

De las distintas pesquisas se pudo conocer que el gestor ofertaba varias modalidades para que los inmigrantes regularizaran su situación, dependiendo de qué requisitos de los recogidos en la Ley de Extranjería cumplían, donde el eje fundamental era el alta en una empresa simulada de venta al por menor, que controlaba este Gestor. En unos casos, además del alta ficticia, los ponían en contacto con nacionales para constituir matrimonios de conveniencia y en otros casos para demostrar el tiempo de permanencia en España, simulaban certificados de empadronamiento de Comunidades como Cataluña, Islas Baleares, País Vasco o la Comunidad Valenciana donde, al existir cooficialidad de lenguas, estos certificados se expedían en idioma desconocido por los funcionarios de la Oficinas de Extranjeros, dificultando así su comprobación.

Además, para dificultar las labores de investigación policial, enmascaraban todas las solicitudes a través de las distintas sedes electrónicas, para lo cual utilizó a dos letrados, colegiados en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, para que fueran ellos quienes presentaran estos trámites, quedando estos amparados por la reputación de abogados expertos en la materia de extranjería y así no levantar sospechas ante la Oficina de Extranjeros, pudiéndose comprobar durante la investigación que dichos abogados eran desconocedores de que presentaban trámites con documentación fraudulenta.