La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal en Jerez de la Frontera dedicado presuntamente a la comisión de delitos de falsedad documental, estafa, favorecer la inmigración clandestina y delitos contra los derechos de los trabajadores.
La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta en junio de 2024 en la Comisaría Local de Jerez, en la que un ciudadano manifestó haber entregado una importante cantidad de dinero a cambio de la realización de trámites de extranjería que nunca llegaron a efectuarse. Las diligencias fueron puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez de la Frontera.
Fruto de las gestiones practicadas por el Grupo de Extranjería de la Comisaría Provincial de Cádiz, se ha podido acreditar la existencia de una estructura organizada que actuaba desde dos domicilios de Jerez de la Frontera, donde se realizaban empadronamientos fraudulentos de ciudadanos extranjeros que no residían en los mismos. Estos empadronamientos se efectuaban mediante contratos de arrendamiento ficticios, valiéndose incluso de inmuebles en condiciones de inhabitabilidad.
La finalidad era obtener certificados de empadronamiento con los que regularizar la situación administrativa de los beneficiarios o acceder a ayudas y servicios públicos.
Asimismo, se ha confirmado la emisión de al menos 19 cartas de invitación desde una misma persona, instrumento que facilitaba la entrada en territorio nacional de ciudadanos extracomunitarios sin visado, incumpliendo posteriormente los plazos legales de estancia, con la intención final de establecerse de forma irregular.
Entre los implicados figuran personas con diferentes roles: desde quien gestionaba las invitaciones y los empadronamientos a cambio de contraprestaciones económicas, hasta quienes colaboraban en labores logísticas, como el transporte de los ciudadanos hasta el Ayuntamiento o sus lugares de trabajo. También se ha identificado a un letrado presuntamente implicado en la falsificación de documentación relativa a los contratos de arrendamiento empleados para los empadronamientos ficticios.
Parte de los beneficios económicos obtenidos a través de esta red procedían de pagos realizados por los ciudadanos extranjeros, bien mediante transferencias o a través de plataformas digitales, quedando reflejados en los registros de las operaciones analizadas.
Las actuaciones policiales se han saldado hasta la fecha con cinco detenciones, llevadas a cabo en distintas provincias del territorio nacional, incluyendo Cádiz, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria. Igualmente, continúan abiertas diligencias contra otros implicados que han sido citados para comparecer ante la autoridad competente.
Con esta operación, la Policía Nacional reafirma su compromiso en la lucha contra las redes de inmigración ilegal y la protección del orden jurídico en materia de extranjería y derechos laborales.