Guía de San Pedro Alcántara
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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presidido la reunión de la Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas, en la que se ha aprobado la distribución de 8,2 millones de euros procedentes del Fondo de Bienes Decomisados —una cifra que supone un incremento de dos millones respecto al año anterior— destinados a financiar, durante 2025, actuaciones en prevención, asistencia y control de las adicciones en las comunidades autónomas.
Este aumento en la dotación económica para 2025 se ha hecho posible gracias a ingresos extraordinarios en el Fondo de Bienes Decomisados a los narcotraficantes. Concretamente, a principios de este año se produjo un ingreso puntual y significativo derivado de una sentencia judicial firme en un proceso de especial relevancia, lo que permitió incrementar en dos millones de euros los recursos disponibles para estas transferencias respecto al ejercicio anterior.
La inclusión de estos fondos adicionales requirió una ampliación del expediente administrativo y la correspondiente validación por parte del Ministerio de Hacienda, lo que ocasionó un retraso en la aprobación formal del reparto. No obstante, una vez finalizado el procedimiento, se ha podido someter el acuerdo definitivo a votación en la Conferencia Sectorial, permitiendo así reforzar la capacidad de actuación de las comunidades autónomas frente a los nuevos desafíos en materia de adicciones.
La ministra ha subrayado en su intervención el papel fundamental que desempeñan las administraciones públicas, el tercer sector y las sociedades científicas en el abordaje integral de las adicciones, destacando la necesidad de mantener "una respuesta coordinada, basada en la evidencia científica y en los compromisos internacionales en materia de salud pública".
Los fondos se repartirán entre las comunidades autónomas siguiendo criterios objetivos acordados previamente. La mayor parte, un 60%, se asignará en función de la población de cada territorio, y un 20% tendrá en cuenta la dispersión geográfica, para garantizar que los recursos lleguen adecuadamente a zonas menos densamente pobladas. Un 10% se distribuirá según la magnitud del problema en cada comunidad, medida a través de datos como los inicios de tratamiento y la mortalidad asociada a las adicciones y un 9% se entregará de forma igualitaria a todas las comunidades, con un complemento específico para Ceuta y Melilla, en reconocimiento a sus particularidades. El 1% restante se reservará para financiar proyectos de interés común presentados por alguna comunidad autónoma.
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