La delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Dolores Sánchez, ha informado hoy de la entrada en vigor de la nueva orden publicada en el BOJA el pasado 3 de septiembre que regula, por primera vez en Andalucía, la tramitación preferente en el acceso al reconocimiento de la dependencia para colectivos especialmente vulnerables.
"Se trata de un paso más en el nuevo modelo que estamos implantando en Andalucía para avanzar en la atención a la dependencia y garantizar la protección de quienes más lo necesitan", ha señalado la delegada, quien ha destacado que la norma es fruto de un trabajo conjunto con profesionales, entidades y oficinas territoriales.
Entre los supuestos recogidos en la orden se encuentran la prioridad en la valoración para menores hasta los 14 años (antes solo hasta los 7), personas mayores de 90 años, pacientes de ELA, personas en situación de cuidados paliativos, entre otros. También se beneficiarán de esta Orden personas con discapacidad que finalizan su etapa educativa y precisan continuidad asistencial.
Esta medida se suma al nuevo sistema de simplificación administrativa que ha puesto en marcha la Junta y que permite unificar en un solo procedimiento la valoración y la asignación de recursos. También, "este Decreto ha permitido que los datos de los usuarios estén sólo en un sistema informático en vez de en los cinco que había anteriormente, con lo que se garantiza más rapidez y eficacia, evitando retrasos derivados de la gestión en distintas aplicaciones informáticas", ha puntualizado Sánchez.

La delegada ha recordado que la financiación autonómica destinada a la dependencia ha alcanzado en 2025 los 2.331 millones de euros, lo que ha permitido a Andalucía registrar un récord histórico de prestaciones y personas beneficiarias a fecha de 31 de julio.
En este sentido, Sánchez ha insistido en que el sistema de la dependencia "requiere el esfuerzo compartido que marca la ley", reclamando al Gobierno de España que cumpla con la aportación del 50% de la financiación, tal y como ya ocurre en comunidades como el País Vasco.
Sánchez ha explicado que en Córdoba se ha reforzado el personal con profesionales adicionales desde julio hasta diciembre, lo que está permitiendo agilizar valoraciones y resoluciones. "Estamos priorizando casos como personas mayores de 90 años o pacientes en cuidados paliativos, al tiempo que mantenemos la atención del resto de expedientes con la misma agilidad", ha añadido.
Reivindicación de financiación al 50%
La delegada ha reiterado la necesidad de que el Gobierno de España cumpla con la aportación del 50% en la financiación de la dependencia, tal y como establece la ley y ya ocurre en comunidades como el País Vasco.
Por último, ha subrayado que la Consejería "seguirá trabajando para reducir los tiempos de espera", y ha reiterado que "Andalucía avanza en la mejora del sistema de dependencia con más derechos y mayor protección para las personas más vulnerables, creando un sistema más eficaz, más ágil y más humano".