Desarticulada una organización criminal con ramificaciones en América Latina acusada de un fraude de IVA de más de 25 millones de euros

La Agencia Tributaria y la Policía Nacional, bajo la dirección de la Fiscalía Europea (EPPO) en España, han desarticulado una organización criminal con ramificaciones en América Latina en el marco de la investigación por un fraude de IVA en el comercio de equipos informáticos estimado en más de 25 millones de euros. En el contexto de la misma investigación se han llevado a cabo esta semana un total de 13 registros en Madrid, Guadalajara y Cádiz, y se ha procedido a la detención de 24 personas.

Como resultado de los registros, para los que se ha requerido el despliegue de más de 200 efectivos de la Agencia Tributaria y Policía Nacional, se han incautado bienes por valor de más de 4,8 millones de euros, incluyendo numerosos inmuebles y vehículos en España y 135.000 euros en efectivo, así como objetos de gran valor, diversos dispositivos electrónicos y equipos informáticos, y abundante documentación. A su vez, se han congelado centenares de cuentas bancarias en España, Bélgica, Lituania y Rumanía, al tiempo que se han dictado órdenes de incautación y otras medidas de investigación en América Latina.

Esta compleja investigación, que ha llevado a la desarticulación de una de las organizaciones criminales consideradas más activas en el ámbito del fraude del IVA, se ha desarrollado a lo largo de dos años y ha revelado que entre los años 2021 y 2023 los investigados crearon una compleja estructura societaria formada por una multiplicidad de entidades en España, en otros Estados miembros de la UE y en América Latina, para canalizar adquisiciones intracomunitarias destinadas a la principal sociedad de los investigados, que actuaba como nodo de distribución.

Para hacer efectivo su esquema de fraude, la trama se aprovechaba de la normativa europea sobre operaciones transfronterizas entre los Estados miembros, que están exentas de IVA. La trama utilizaba una cadena de sociedades ficticias –denominadas 'missing traders'– que desaparecían sin cumplir con las obligaciones fiscales mientras que otras empresas de la trama reclamaban a Hacienda devoluciones de ese IVA que nunca se había llegado a ingresar en las arcas públicas.

Además del fraude fiscal que generaba esta operativa, al no pagar el IVA sobre los bienes en ninguna etapa de la comercialización, la empresa principal pudo distribuir esos productos a precios muy inferiores al de mercado, lo que situaba a la empresa en una posición muy privilegiada, reforzando su facturación y llegando a expulsar del mercado a otros competidores. De acuerdo con la investigación realizada, la estructura corporativa, nominalmente dirigida por testaferros, canalizó grandes sumas de ganancias ilícitas hacia la adquisición de inmuebles.

El principal investigado, una persona con numerosos antecedentes policiales y judiciales, contaba en su domicilio con numerosos reptiles y especies exóticas, 85.0000 euros en efectivo y una colección de relojes de lujo.

Las evidencias detectadas muestran, a su vez, que los investigados se sirvieron de estructuras y medidas de seguridad propias de los grupos del crimen organizado, incluidas aplicaciones de comunicación electrónica utilizadas para evitar la detección por parte de las autoridades. En este sentido también, durante los registros se intervinieron también varios criptomonederos y un generador de 'token'.

Los investigados son sospechosos de haber cometido tres delitos contra la Hacienda pública como parte de un grupo de delincuencia organizada, así como delitos de blanqueo de capitales y falsificación de moneda.

La operación ha sido desplegada por funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude –ONIF– y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, junto con agentes de la Policía Nacional, bajo la dirección de la Fiscalía Europea, responsable de investigar, procesar y juzgar delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.