María Martín subraya “la exitosa implantación” de los Tribunales de Instancia en Haro y Calahorra que culminará a final de año con el de Logroño

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha subrayado que "se está avanzando en la transformación del servicio público de Justicia en La Rioja" con la entrada en funcionamiento de los primeros Tribunales de Instancia en Haro y Calahorra. Martín ha hecho estas declaraciones hoy, día 23, junto con la directora general de Justicia e Interior, Tania Sáez.

Martín ha explicado que, desde el pasado 1 de julio, los partidos judiciales de Calahorra y Haro han estrenado su nueva estructura judicial con la constitución de los Tribunales de Instancia y la puesta en marcha de las Oficinas de Justicia en el Municipio. Esta transformación responde a la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, y se ha desarrollado con total normalidad, garantizando la continuidad del servicio y cumpliendo los plazos previstos.

Los nuevos Tribunales de Instancia suponen la desaparición de los juzgados unipersonales como órganos aislados, y dan paso a una estructura en la que se comparten recursos humanos y materiales. Esto permite que los letrados de la Administración de Justicia y el resto del personal funcionen de forma integrada en equipos especializados que sirven simultáneamente a varios jueces y magistrados, aumentando la eficiencia del sistema.

Así lo ha explicado la consejera: "La entrada en vigor de esta nueva normativa representa un cambio trascendental en la organización judicial, produciendo una reorganización interna que sustituye los antiguos juzgados unipersonales por los Tribunales de Instancia, y los Juzgados de Paz por las Oficinas de Justicia en el Municipio. El nuevo modelo se sustenta en la Oficina Judicial, como pieza clave que aporta una estructura más racional, especializada y coordinada, dotando de un soporte eficaz a jueces y magistrados, y mejorando así la calidad del servicio que reciben los ciudadanos".

En esta línea, Martín ha destacado que "esta transformación nos alinea con los modelos más avanzados de Europa y supone un paso firme hacia una Justicia más moderna, eficaz y cercana. Quiero agradecer el compromiso de todos los profesionales implicados en esta primera fase de implantación, que ha sido un éxito en Calahorra y Haro". Con la puesta en marcha de estos dos Tribunales han desaparecido los cinco órganos unipersonales que constituían los Juzgados de Instancia e Instrucción que había en estas localidades. Además, se han creado 9 agrupaciones de Oficinas de Justicia en el Municipio de las que dependen 162 Oficinas de Justicia en el Municipio que sustituyen a los Juzgados de Paz, pero con mayores competencias.

La consejera ha anunciado que "tras la exitosa implantación en Calahorra y Haro, en La Rioja nos preparamos ya para la tercera y última fase de la reforma: la transformación del partido judicial de Logroño, prevista para el 31 de diciembre de 2025, y que implicará la reestructuración de 20 juzgados unipersonales en un único Tribunal de Instancia, con sede en el Palacio de Justicia de la calle Marqués de Murrieta, donde también se encuentran el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial, la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal, el Registro Civil y más de 300 servidores públicos".

La ejecución de esta reforma ha requerido de una estrecha coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el Gobierno de La Rioja. Hay que recordar que la Comunidad Autónoma de La Rioja tiene transferidas las competencias en materia de Justicia desde el año 2011, lo que supone que los asuntos relacionados con los medios personales y medios materiales sean responsabilidad del Gobierno de La Rioja; no obstante, y a diferencia de otras áreas de la Administración, las funciones están repartidas, puesto que jueces y magistrados actúan bajo la dependencia del Consejo General del Poder Judicial, los letrados de la Administración de Justicia responden ante el Ministerio de Justicia, y el resto de los funcionarios de la Administración de Justicia se gestionan desde la CAR.

A lo largo de este año, La Rioja contará con 320 funcionarios de Justicia (12 de ellos incorporados en este proceso de modernización vinculado a la nueva Ley) que dependen del Gobierno de La Rioja, además de otros 70 profesionales dependientes del Ministerio y del CGPJ.

La adaptación al nuevo modelo de organización está siendo "un reto mayúsculo, pero también una gran oportunidad de mejora. Lo hemos hecho ya en una primera fase en los partidos judiciales de Calahorra y Haro y la abordaremos con la misma determinación en la siguiente fase, la correspondiente a Logroño", ha concluido María Martín.

Por su parte, la directora general de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja, Tania Sáez, ha subrayado que "la implantación de este nuevo modelo ha sido fruto de un trabajo riguroso, planificado y compartido. Hemos creado un grupo de trabajo interinstitucional que ha permitido diseñar cada fase del proceso con precisión y responsabilidad". En dicho grupo han participado representantes del Gobierno de La Rioja, del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de los Letrados de la Administración de Justicia y del personal informático. Asimismo, la directora general ha señalado que también se ha contado con la colaboración de las organizaciones sindicales, con las que se ha negociado la adaptación del personal afectado, alcanzando un acuerdo satisfactorio el pasado mes de marzo.

La formación de los funcionarios y resto de los profesionales implicados en el cambio ha sido una pieza clave dentro del proceso. En concreto se han realizado más de 30 cursos presenciales en los que han participado 450 funcionarios de las administraciones de Justicia y Local.

También ha sido precisa la adaptación tecnológica. Para la nuevas Oficina de Justicia en el Municipio ha habido que llevar a cabo una compleja migración de expedientes electrónicos y dotación de aplicaciones informáticas y herramientas de interoperabilidad judicial, junto a sistemas de videoconferencia, ordenadores, impresoras, escáneres… para garantizar la conexión entre la Administración de Justicia y todos los operadores jurídicos de todo el territorio nacional.

Desde ellas se podrá acceder a los servicios de la Gerencia Territorial (certificación de antecedentes penales o últimas voluntades, por ejemplo); de Registros Civiles (certificados de matrimonio, nacimiento o de defunción); Administración de Justicia (información de expedientes judiciales) u obtención de certificados electrónicos para los ciudadanos.

"Como se ve –ha señalado la directora general– las OJM ahora pueden gestionar más competencias y tienen mejores equipamientos, por lo que acercan la Justicia a los vecinos del municipio, que ya no tendrán que desplazarse, si no lo desean, a la sede del partido judicial correspondiente, ya que a través de los equipos de videoconferencia podrán hacer declaraciones en juicios y vistas o ante la propia oficina judicial, o cualquier otro trámite ante la Justicia. Nos encontramos, por tanto, ante un avance en la lucha contra la despoblación y la España vaciada, al tiempo que reduce la brecha digital de estas poblaciones".

"Esta es una oportunidad que debemos aprovechar, si bien de forma gradual y progresiva porque no todas las corporaciones locales tienen los mismos medios y circunstancias. Por este motivo, el Gobierno de La Rioja va a seguir prestando su apoyo y colaboración a todos los municipios en la implantación y puesta en funcionamiento de las nuevas Oficinas de Justicia en el Municipio".

Para el desarrollo de la Ley de Eficiencia Organizativa de la Justicia el Gobierno de La Rioja ha realizado una inversión cercana a los 700.000 euros en la puesta en marcha de los nuevos programas de transición digital (550.000 euros), en las obras de adaptación de las sedes de los Tribunales de Instancia y otras actuaciones de mejora en los Juzgados y en el equipamiento con que se ha dotado a los Ayuntamientos para hacer efectivas las Oficinas de Justicia en el Municipio.

Asimismo hay que tener en cuenta el aumento presupuestario que supone el incremento de 12 funcionarios más en la Relación de Puestos de Trabajo de Justicia, con la creación además de 11 puestos de jefatura que no existían hasta el momento, propiciando de este modo la estabilidad y promoción del empleo público.